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24 de noviembre de 2017
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Diputados le dio media sanción a la Emergencia Social
La medida seguirá agrandando el desequilibri de las cuentas públicas y obligará al gobierno a endeudarse aún más en el 2017. Las demandas crecen y también la pobreza
6 de diciembre de 2016
El proyecto llegó al recinto cocinado: el 23 de noviembre los ministros Jorge Triaca y Carolina Stanley, junto al jefe de la bancada PRO, Nicolás Massot, habían firmado con los representantes de los movimientos sociales Barrios de Pie, Confederación de los Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) y la Corriente Clasista Combativa (CCC).

Aquella preacta sirvió para redactar los 12 artículos de esta futura ley. Obtuvo 227 votos positivos, cuatro abstenciones, del Frente de Izquierda, y uno en contra del diputado Alfredo Olmedo, de Salta Podemos. Es la décima vez que se renueva desde que se declaró en 2002. El proyecto de ley fue presentado de manera conjunta por los líderes parlamentarios oficialistas y opositores. Se autoexcluyó el Frente para la Victoria en la firma pero acompañó la ley "aún sabiendo que hay cientos de organizaciones sociales que no convalidan este acuerdo", en boca de Edgardo Depetri. Desde el Senado ya adelantaron que votarán sin cambios lo que llegue desde la Cámara baja.

El otro bloque que se desmarcó -se abstuvo de votar- fue el Frente de Izquierda (FI). Néstor Pitrola criticó la iniciativa por ser una “nueva versión del asistencialismo” y le pegó duro al Gobierno, la CGT y los movimientos sociales firmantes: "Estatizaron al movimiento obrero y a las organizaciones populares", les tiró a los tres juntos.

La sesión arrancó a las 14 con un discurso breve del legislador oficiliasta Luciano Laspina quien dijo que "reconocemos la emergencia social porque lo primero que hemos hecho es poner de pie el nuevo Indec para saber que la pobreza en nuestro país es del 32%. Hemos heredado una crisis social dramática”. Lo siguió la legisladora Lucila De Ponti, del Movimiento Evita, advirtió que “entre un 25 y 30 por ciento” de la población son personas que “se encuentran excluidas del empleo formal, pero son trabajadores”.

Otro que habló fue el diputado Héctor Daer (Frente Renovador) que a su vez es un triunviro de la CGT. Dijo que "el Gobierno debe hacerse una autocrítica con vistas a los ajustes de las políticas del Gobierno anterior pero lo único que logró es el aumento de la pobreza".

Palabras más, palabras menos los legisladores de la oposición criticaron la firma de un tregua hasta 2019 (figura en la pre acta pero no en el proyecto de ley) y que la inflación juega en contra de esta ley ya que los $ 4.000 que cobrarán a partir de enero y que representan la mitad de un Salario Mínimo Vital y Móvil "no alcanza para nada".

El único discurso que desentonó con lo que se venía escuchando fue el de Alfredo Olmedo, de Salta Somos Todos. Con su clásica chaqueta amarilla dijo que votará en contra y justificó: "Ningún país se levanta sin laburar, acá hay que pedir obligaciones y no dar tantos derechos. Le tienen miedo a los piquetes, tírenles una pala al medio del piquete y verán como se disuelve". Felipé Sola, del massismo, condensó el escenario así: "Estamos todos de acuerdo en aprobar esta ley pero sin embargo mostramos las miserias criticándonos".

De los discursos de cierre el que se destacó fue el de la massista Graciela Camaño: "El proyecto que vamos a votar es el mea culpa más vergonzoso de la política". Y también lanzó otra autocrítica, algo que faltó en los discursos del kirchnerismo: "¿Qué hemos hecho para que, hasta en épocas de crecimiento incluidas, siempre hayamos sido una fábrica de pobres?".

En los dos primeros artículos, la ley prorroga hasta el último día de 2019 la emergencia social y se le da rango institucional a la organización de estos trabajadores informales convirtiéndola en un virtual sindicato. Establece asegurar a los trabajadores informales “alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, cobertura médica, transporte y esparcimiento, vacaciones y protección previsional” de acuerdo a las garantías otorgadas al trabajo en la Constitución.

Se crean, también, el Consejo de la Economía Popular y el Salario Social Complementario, con tres representantes del Estado y tres de las organizaciones sociales; y el Registro Nacional de la Economía Popular para censar y legitimar a esas legiones de trabajadores en negro. Por último, aunque no menos importante, se faculta al jefe de Gabinete a reasignar hasta 30.000 millones de pesos de otras partidas, en los próximos tres años, para cumplir estos objetivos.