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Ganancias: dicen que habrá ingresos por $ 30.000 millones
Los economistas del massismo estiman que el rojo fiscal no se verá afectado por la rebaja ya que los siete gravámenes generarán entrada de plata
10 de diciembre de 2016
Para la oposición, la reforma de Ganancias es casi un juego de suma cero. Para el gobierno, desfinanciará aún más a los Estados nacional y provinciales.
El proyecto de reforma de Ganancias del Frente Para la Victoria y el Frente Renovador propone la creación de siete nuevos impuestos que, dicen sus autores, le significarían al fisco ingresos extra en 2017 por al menos $30.440 millones de pesos.

La propuesta se contrapone con el argumento del Gobierno, que afirma que el costo fiscal que tendrá la reforma propuesta por la oposición generará un rojo adicional de al menos $ 13.000 millones.

Los nuevos tributos:

Retenciones a las mineras. El 12 de febrero, el presidente Mauricio Macri anunció desde San Juan la eliminación de las retenciones a la minería. El ex ministro de Economía Axel Kicillof puso sobre la mesa de discusión de la reforma del impuesto a las Ganancias, la reincorporación del tributo que según sus cálculos aportarán a las arcas fiscales $5.000 millones al año. En el Gobierno argumentan que este impuesto frenará la entrada de inversiones. Impuesto al juego. Fue una de las propuestas que, junto con el gravamen a la renta financiera, embanderó la campaña electoral de Sergio Massa en 2015. Y pese a la derrota en las elecciones presidenciales, el líder del Frente Renovador, guardó como as bajo la manga el proyecto que hoy integra el proyecto de ley de Ganancias y que haría viable atenuar el costo fiscal de liberar de Ganancias a un millón de argentinos. El impuesto se divide en dos partes: establece una alícuota del 7,5% al juego online y del 10% para las máquinas tragamonedas. Con una base de cálculo que incluye las máquinas actualmente establecidas en las salas de juego y la proyección del movimiento del juego online, en el FPV y el FR anticipan un ingreso anual de $4.000 millones.

Impuesto a los plazos fijos y LEBACS. Este gravamen alcanzará a las personas que tengan letras emitidas por el Banco Central o plazos fijos superiores a $ 1.500.000. Quedarán exentas, no obstante, las indemnizaciones laborales, indemnizaciones por causa de accidentes de trabajo o enfermedad, de juicios previsionales, programas de retiro voluntario o que correspondan a inversiones de sumas de dinero depositadas judicialmente. Con este nuevo tributo se lograrían cerca $3.500 millones. Los bancos locales salieron a rechazar la propuesta y anticiparon que provocará una suba del costo de los créditos.

Impuesto a las ganancias en títulos públicos. Este tributo se gatillará cuando la rentabilidad de la inversión supere los $300.000. En el Massismo hacen una estimación moderara: creen que aportaría unos $2.120 millones en un año, pero en el FPV hablan de $9.000 millones.

Impuesto al Dólar futuro. Será aplicable por única vez a las personas jurídicas y físicas que hubieran obtenido utilidades por operaciones de compra y venta de contratos de futuros sobre subyacentes de moneda extranjera. Para el caso de personas jurídicas, se tomará como base imponible las utilidades devengadas en los ejercicios fiscales en curso a la fecha de entrada en vigencia de la ley, y para el caso de personas humanas, las utilidades obtenidas en el año fiscal 2016. La tasa propuesta es del 15 % sobre las utilidades derivadas de la compra y venta de contratos de futuros. Por este impuesto la oposición proyecta un ingreso neto de $5.680 millones en 2017.

Impuesto al giro de dividendos. El proyecto propone que entre en vigor en todos los casos en los que los convenios de doble tributación lo permitan. Según proyecciones del FPV y el FR implicaría par el fisco una entrada anual de $3.260 millones.

Impuesto a los inmuebles improductivos. Es el tributo más cuestionado de los propuestos en el proyecto de ley y es de la autoría de Axel Kicillof. Regirá por tres períodos fiscales a partir del año fiscal 2016, inclusive, y recaerá sobre los inmuebles situados en el país y en el exterior que no se exploten, arrienden y/o se afecten a actividades productivas y que sean propiedad de personas humanas o jurídicas, existentes al cierre de su ejercicio económico anual. Durante la campaña electoral en 2015 Kicillof mencionó esta posibilidad, que alcanzará a los departamentos y casas que no estén alquilados o habitados. El gravamen que se aplicará ser del 0,75% del valor del inmueble.