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AMIA: el juez Ariel Lijo a cargo de la denuncia contra Cristina
El magistrado que tiene a su cargo también la espinosa causa Ciccone salió sorteado para ponerse al frente de la reapertura de la investigación
30 de diciembre de 2016
El responsable del juzgado federal N°4, Ariel Lijo, será el juez que se hará cargo de la denuncia del fiscal fallecido Alberto Nisman contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por el encubrimiento del atentado a la AMIA a raíz de la firma del memorándum de entendimiento con Irán.

Ayer, la Cámara Federal de Casación Penal ordenó reabrir la investigación por la denuncia de Nisman contra CFK, su canciller Héctor Timerman, el diputado Andrés Larroque, y los piqueteros kirchenristas Luis D'Elía y Fernando Esteche, entre otros acusados.

La acusación del fiscal fallecido afirmaba que la firma de un acuerdo con Irán era para canjear negocios por impunidad en torno al atentado que dejó 85 muertos, según declaró el propio Nisman días antes de aparecer muerto en su departamento de Puerto Madero.

Según informó el Centro de Información Judicial, Lijo quedó a cargo del expediente en un "sorteo informático realizado este viernes por la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal".

En la Sala I de la Cámara de Casación Penal , Hornos y Borinsky decidieron apartar al juez Daniel Rafecas de la investigación de la denuncia que hace casi dos años formulara Nisman porque la resolución en las que se negó a investigar el asunto fue "arbitraria, prematura y parcial".

Ambos afirmaron que Rafecas sólo atendió los reclamos de la entonces procuradora del Tesoro, Angelina Abbona, en nombre del gobierno K, y no las casi 50 medidas de prueba que habían pedido tanto el fiscal Gerardo Pollicita como la DAIA.

La DAIA logró la apertura de la investigación al presentar este año nuevas pruebas, que básicamente refieren a un diálogo telefónico entre el entonces presidente de la AMIA, Guillermo Borger, y el entonces canciller Héctor Timerman, donde este prácticamente admite que los autores del atentado son iraníes. Esto es investigado también en otra causa a cargo del juez Claudio Bonadio con acusaciones sobre Fernández de Kirchner y Timerman de "traición a la patria".

Ayer, tras el fallo de Casación, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner apeló a la ironía para cruzar a la Justicia. "Ahora me acusan de encubrir el atentado de la AMIA ocurrido hace… 22 años y medio! Lo único que les falta es acusarme de la muerte de Kennedy…", tuiteó la ex mandataria en referencia al asesinato del ex presidente estadounidense, John Fitzgerald Kennedy, en 1963.

Esta mañana, el presidente Mauricio Macri habló del "coraje" de los jueces de la Sala I para reabrir la investigación. "Han tenido muchísima presión de la compañera de sala y de otros jueces de Casación y especialmente de Justicia Legítima para que esto no suceda", señaló.

"Todo lo que contribuya a que lleguemos a la verdad en todos los aspectos que nos ha pasado, nos pasa, y nos pasará es fundamental", dijo Macri. "Lo que hay que hacer es investigar. La denuncia de Nisman es muy grave", sentenció en radio Nihuil de Mendoza.

Lijo fue el primer juez en excusarse en la denuncia de Nisman contra Cristina Kirchner. El juez tiene a su cargo la causa por las irregularidades iniciales de la investigación por el atentado contra la AMIA. Por esa razón, el fallecido fiscal especial de la Unidad AMIA había presentado en su tribunal la denuncia contra la entonces Presidenta.

Tras la feria judicial de 2015, el juez se desprendió del expediente que fue enviado a sorteo y recayó en el juzgado de Daniel Rafecas, que tras declararse "incompetente" tuvo que llevar de todas formas el expediente que, al final, decidió archivar sin investigar, hecho por el que fue apartado ayer. Ahora, el sorteo decidió que la denuncia vuelva a manos de Lijo.

El juez federal Ariel Lijo tiene en su despacho otro expediente que salpica al poder K: el caso Ciccone, en el que está imputado el ex vicepresidente Amado Boudou por hechos de corrupción. El magistrado pidió elevar la causa a juicio oral en junio pasado y el fiscal Jorge Di Lello solicitó lo mismo en agosto.