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Trump ordena expulsar a 11 millones de inmigrantes
Forma parte de una arremetida indiscriminada contra la inmigración ilgeal lanzada por el gobierno del republicano cumpliendo su promesa de campaña
21 de febrero de 2017
En una medida que ya costó un suicidio, el gobierno de Estados Unidos anunció nuevas directrices que anticipan una arremetida indiscriminada contra la inmigración ilegal, dejando vulnerables de deportaciones a casi todos los 11 millones de indocumentados que viven en el país. En dos circulares internas, el secretario de Seguridad Interna, John Kelly, ordenó la contratación de 15.000 nuevos empleados de la patrulla fronteriza (CBP) y la agencia de control migratorio (ICE), y abandonó de manera explícita la política de los pasados dos gobiernos de buscar maneras con el Congreso para retener en el país al grueso de los 11 millones de inmigrantes que viven clandestinamente en Estados Unidos.

"Todos aquellos en violación de las leyes de migración pueden ser sujetos a procedimientos de aplicación de la norma, incluyendo la remoción de Estados Unidos", indicó el DHS.

Las ordenes generaron pánico entre la comunidad inmigrante de Estados Unidos, donde millones de personas -la mayoría de ellos provenientes de México y América Central-, vislumbraban su posible deportación por primera vez en décadas.

Asociaciones de derechos humanos denunciaron una "cacería de brujas", advirtiendo que una "deportación masiva" rompería familias con arraigo en Estados Unidos y perjudicaría la economía.

Pero Kelly dijo que las órdenes eran necesarias para atacar un problema que ha "agobiado" los recursos públicos.

"El alza de la inmigración ilegal en la frontera sur ha agobiado las agencias federales y los recursos y ha creado una importante vulnerabilidad a la seguridad nacional de Estados Unidos", dijo en uno de los memorandos, citando retrasos "récord" en las cortes inmigratorias.

Las nuevas reglas facilitan a los agentes fronterizos y de inmigración deportar rápidamente a cualquier indocumentado que consigan, con pocas excepciones, principalmente niños. El gobierno mantendrá la práctica de anteriores administraciones de priorizar la deportación de indocumentados con antecedentes criminales.

Pero las personas sin lazos con crímenes, consideradas no prioritarias para ser deportadas por el gobierno de Barack Obama, ahora estarán explícitamente desprotegidos.

"Con extremadamente pocas excepciones limitadas, el DHS no eximirá ninguna clase o categoría de extranjeros sujetos de deportación de la potencial aplicación de la ley", dijo Kelly en un documento.

Los memorandos siguen a los decretos firmados por el presidente Donald Trump poco después de su investidura del 20 de enero, en los que ordenó reforzar la capacidad de las agencias de control migratorio y fronterizo y construir un muro en la extensa frontera con México, ya separada parcialmente por vallas y el Río Grande.

Kelly ordenó medidas inmediatas para iniciar la construcción del muro. También ordenó la contratación de 5.000 nuevos empleados para CBP y 10.000 para ICE.

La publicación de las directivas ocurre dos días antes de que Kelly y el secretario de Estado, Rex Tillerson, se reúnan con sus contrapartes en México con la intención de rebajar las tensiones bilaterales provocadas por las órdenes de Trump.

Las medidas representan otro paso en la concreción de un pilar de la campaña de Trump: el millonario de 70 años, que llamó a los indocumentados mexicanos "violadores" y "narcotraficantes", prometió acabar con la inmigración ilegal, a la que responsabiliza del desempleo y los bajos salarios.

"Por mucho tiempo los agentes de inmigración y frontera tenían las manos atadas", dijo el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer. "El presidente quería quitar los grilletes", apuntó.

Sin embargo, reiteró que el objetivo "no" es la "deportación masiva" de inmigrantes.

Las nuevas directivas no modifican el programa "Acción Diferida para los Llegados en la Infancia" (DACA, en inglés), que protege de la deportación a jóvenes inmigrantes indocumentados que fueron traídos a Estados Unidos por sus padres cuando eran niños, y al que también Trump prometió poner fin durante su campaña. Pero grupos de defensa de migrantes, en alerta luego que cientos de personas fueron arrestadas en redadas de ICE hace dos semanas, no guardaron sus críticas.

"El secretario Kelly ha desatado una cacería de brujas sin precedentes contra millones de familias inmigrantes", dijo Angélica Salas, directora ejecutiva de Coalition for Humane Immigrant Rights, basada en Los Angeles.

"Estás directrices representan un proceso ilegal y expedito", dijo Salas, denunciando un "enfoque cruel para un asunto muy humano".

Omar Jadwat, director del programa sobre derechos de inmigrantes de la American Civil Liberties Union, predijo una ofensiva legal contra las nuevas órdenes.

"Estos memorandos confirman que la administración de Trump está dispuesta a atropellar el debido proceso, la decencia humana, el bienestar de nuestras comunidades e incluso la protección de niños vulnerables, en búsqueda de una política hiperagresiva de deportaciones masivas", indicó.