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22 de noviembre de 2017
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Macri será el 'FMI' de los gastos provinciales
En un acuerdo inédito, el Gobierno podrá revisar las erogaciones a cambio de la refinanciación de pasivos con el Tesoro que llegan a $ 10.300 millones
22 de abril de 2017
En la Casa Rosada no lo podían creer, pero buena parte de los gobernadores aceptaron que Mauricio Macri se convierta en algo así como el 'FMI' de sus cuentas.
En el caso de aquellos distritos que tienen una deuda con la Nación, a cambio de firmarles la renegociación por los vencimientos de 2017, las provincias se comprometieron a adherir al "Programa de Sustentabilidad de sus Finanzas Públicas", que tiene como principal meta que alcancen el "equilibrio" fiscal.



El plan no es un simple papel que incluye buenas intenciones de los mandatarios. El Gobierno se aseguró el poder de veto sobre la propuesta que deberá presentar dentro de los 30 días de firmado el acuerdo cada provincia. Y en forma trimestral podrá evaluar si se están cumpliendo los objetivos.

De esta manera, la Casa Rosada se asegura tener injerencia en el gasto de los distritos, una de las obsesiones de Mauricio Macri. El que no cumpla con las metas se verá obligado "en forma automática" a pagar el total de la deuda vencida hasta el momento. Para comprometerlos por partida doble, el pacto fija que se deberán cumplir con pautas en materia de transparencia en línea con la ley de Responsabilidad Fiscal: esto incluye, por ejemplo, la publicación vía web -al alcance de todos- de datos sobre ejecución presupuestaria en forma trimestral.



Los distritos que ya suscribieron son 14: Córdoba, Corrientes, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán. Pero, en los próximos días, lo harán Buenos Aires y Catamarca.



El monto global de la deuda que reestructuran las provincias asciende a $10.700 millones, que comenzarán a pagar en 36 cuotas mensuales a partir del 31 de enero de 2018, con una tasa de interés aplicable del 15% anual.





Si bien cerca de la mitad de la deuda global corresponde a Buenos Aires, hay distritos que no están tan complicados con sus vencimientos. Por eso, hasta en el propio Gobierno sorprendió que se adhirieran voluntariamente. "Pensábamos que algunos no iban a querer firmarlo, porque tienen deudas pequeñas que podían hacer frente", confió a Clarín un funcionario con despacho en Casa Rosada. Chubut, con una deuda de $63 millones, y La Rioja ($42 millones) son los casos más elocuentes. Justamente, por ese motivo, o tal vez para evitar que Nación pueda meterse en sus asuntos internos, dos distritos no se plegaron: Río Negro y San Juan.


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En cambio, entre las que más requerían el salvataje de Nación se encuentran Jujuy ($1.066.434.901), Entre Ríos ($580 millones), Chaco ($480 millones), Tucumán ($400m) y Misiones ($360 m).





Caso aparte el de Santa Cruz, el último bastión del kirchnerismo. Asfixiada económicamente, a Alicia Kirchner no le quedó otra que firmar: la provincia, que se adhirió formalmente al programa el 28 de marzo, hubiera tenido que pagar $811.537.700 sólo por este año. Y es la segunda que más debe: unos $6 mil millones.





Aunque el acuerdo lleva las firmas del jefe de Gabinete Marcos Peña y del ministro de Hacienda Nicolás Dujovne, el ministro del Interior Rogelio Frigerio será quien tendrá bajo su órbita su cumplimiento. El subsecretario de Relaciones con Provincias Paulino Caballero ya comenzó a recibir las primeras propuestas de los mandatarios.





A diferencia de los imponentes actos que organizaba Cristina cada tres meses para renegociar las deudas provinciales, este convenio se tejió en absoluta reserva. Y, al menos por ahora, el Gobierno no tiene intención de comunicarlo.





Pero el Gobierno no sólo se propone lograr que las provincias alcancen un equilibrio fiscal. Como contó Clarín días atrás, busca que los gobernadores se comprometan a reducir el gasto en sueldos. Por eso, entre los ítems fijados, se remarca que cada provincia deberá procurar "la optimización de la gestión de la política de recursos humanos en la administración pública". Una manera sutil de pedirles que no amplíen más sus plantel de empleados estatales.