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Amado Boudou va a juicio oral por la causa de la imprenta Ciccone
Tras el rechazo de las últimas nulidades planteadas por los acusados, el ex vice y sus socios serán juzgados por coimas y negociaciones incompatibles con la función pública
24 de mayo de 2017
Amado Boudou se convirtió hoy en el primer ex vicepresidente argentino que deberá enfrentar un juicio oral acusado de corrupción, en una causa que no tiene metáfora.

La Justicia dio por probada en la instrucción de esta trama que Boudou compró en el 2010, de modo ilegal, la única imprenta privada del país capaz de imprimir dinero.

Esa planta gráfica se llamaba Ciccone Calcográfica.

El juez Ariel Lijo pidió la elevación a juicio oral de la causa Ciccone después de que la sala 1 de la Cámara Federal rechazara una de las nulidades planteadas por uno de los involucrados en este caso. Ese recurso era la última argucia legal que dilataba el inevitable nuevo infortunio judicial para el ex vicepresidente.

El juez Lijo procesó a Boudou el 27 de junio del 2014 por cohecho pasivo en concurso ideal (coimas); y por negociaciones incompatibles con la función pública.

Entre otros, el magistrado procesó también en este caso al socio del ex vice, el millonario repentino José María Núñez Carmona; y al acusado de ser el testaferro del ex funcionario en el negocio de la confección de papel moneda, Alejandro Vandenbroele.

En el procesamiento de quien era en el 2014 el vicepresidente en ejercicio, Lijo escribió lo siguiente: “Amado Boudou, junto a José María Nuñez Carmona, habrían adquirido la empresa quebrada y monopólica Ciccone Calcográfica, mientras Boudou era Ministro de Economía, a través de la sociedad The Old Fund y de Alejandro Vandenbroele”.

Y agregó que ese objetivo había sido ejecutado “con el fin último de contratar con el Estado Nacional la impresión de billetes y documentación oficial”.

Para el juez, “la maniobra se habría desarrollado de la siguiente manera. Para la adquisición de Ciccone se utilizó la empresa The Old Fund (TOF).

TOF fue originalmente adquirida el 1 de septiembre de 2009 para facturar un negocio relativo a la reestructuración de la deuda pública de la Provincia de Formosa, en el que intervinieron Amado Boudou y José María Núñez Carmona—amigos desde la adolescencia en Mar del Plata y socios comerciales— junto con Alejandro Vandenbroele —conocido de ambos—.

Dicha empresa, de objeto amplio y dueños anónimos, no había tenido funcionamiento hasta el momento y contaba con una sola empleada”.

Otro de los que deberá enfrentar el juicio oral es el fundador de la imprenta Ciccone Calcográfica, el imprentero Nicolás Tadeo Ciccone, que argumenta que se vio obligado a vender su empresa porque buena parte de los organismos públicos K, como la AFIP, lo ahogaron financieramente con el objetivo de obligarlo a vender a allegados a funcionarios K la planta gráfica de primera línea que había creado junto a su hermano Héctor, ya fallecido.

Además de Boudou y sus amigos y conocidos de Mar del Plata, entre los acusados que irán a juicio se encuentran ex funcionarios de la AFIP y del ministerio de Economía que comandaba Boudou al momento en el que -según la Justicia- se apoderó de la fábrica de hacer dinero.

El primer fiscal que investigó el caso, que empezó a tramitarse en tribunales en febrero del 2012, fue Carlos Rívolo.

Avanzó en la pesquisa de modo rápido y autónomo al enorme poder político que tenía Boudou en ese tiempo. El juez era Daniel Rafecas.

Tras un allanamiento en la casa que Boudou le alquilaba a Vandenbroele, a quien negaba conocer, el vicepresidente convocó a la prensa al Senado de la Nación, en plena semana santa de ese 2012m, para dar por primera vez su versión de lo que ocurría.

Él llegó al lugar con una lista de conceptos que le había dictado la Presidenta, Cristina Fernández. Fue ella quien lo había ungido como segundo de la línea de sucesión del Poder Ejecutivo.

En ese monólogo rabioso que dio en la Cámara alta, Boudou acusó a Rafecas, Rívolo, al periodismo que investigaba el tema, a estudios de abogados, a empresas de medios y del juego, y al entonces Procurador General de la Nación, Esteban Righi, de haber montado un complot en su contra para perjudicar al Gobierno.

Ninguna de sus acusaciones, después judicializadas, fueron probadas.

Eso sí: por presión de la Presidenta, el fiscal Rívolo fuer apartado de la investigación. El Procurador Righi renunció. Y el juez Rafecas dejó de ser el juez de la causa, acusado de cometer irrregularidades que beneficiarían a la defensa de Boudou.

El caso fue tomado entonces por Lijo.

En solo dos años investigó al vice en pleno poder, y lo procesó.

Desde entonces pasaron casi tres años más hasta que hoy pudo elevar la causa a juicio oral.

Este lapso prueba la capacidad de recursos legales y de lobby que pueden tener quienes son procesados por corrupción para retrasar los juicios en su contra.

La denuncia del caso Ciccone se masificó y empezó a ser investigada en la Justicia después de que la principal testigo del caso, la ciudadana Laura Muñoz -ex esposa de Vandenbroele- dijera públicamente, en el programa de Jorge Lanata en Radio Mitre, que su ex marido era “testaferro” del vicepresidente.