El cepo cambiario aplicado en el 2011 y vigente hasta la asunción de Mauricio Macri se convirtió en un gran negocio para dirigentes afines al kirchnerismo, que lograban autorizaciones para comprar divisas a cotización oficial y luego las vendían en el mercado paralelo, obteniendo ganancias siderales.

Según publicó Clarín, una funcionaria del gobierno anterior inscribió alrededor de 380 sociedades comerciales usadas para fugar del país alrededor de 2.000 millones de dólares mediante un sistema de aprobación de importaciones cuando esas operaciones eran bloqueadas por el gobierno de los Kirchner en pleno cepo cambiario.

Las sociedades lograron, en su gran mayoría, ser autorizadas por el Estado para comprar productos en el exterior a un dólar que cotizaba alrededor de 9 pesos. Y que después podían reingresar al país para venderse en el mercado “negro” por, según la fecha, entre 12 y 15 pesos.

El lunes pasado, un prófugo de la Justicia en un caso que investiga cómo funcionaba una mafia en la aduana dedicada a esos negocios, Mariano Martínez Rojas, le admitió a TN que él había participado de esa trama que la Justicia considera ilegal: “Cristina estaba al tanto de todos los detalles”, dijo.

Y agregó que también otros ex funcionarios se habían involucrado en esta dinámica administrativa: “Guillermo Moreno, Ricardo Echegaray, gente de la aduana y hasta gobernadores, como el formoseño Gildo Insfrán”, dijo.
Clarín confirmó que decenas y decenas de las compañías que asesoró el financista Martínez Rojas fueron creadas por esa funcionaria.

Así, el sistema que enriqueció a la “mafia” de la “aduana trucha”, investigado entre otros jueces por Gustavo Meirovich, quien pidió la captura nacional e internacional del empresario que dice querer colaborar con la investigación, generó un canal “paralelo” de “importadores” ligados al poder que utilizaban para enriquecerse a sociedades que habían sido inscriptas por una funcionaria con despacho en la Casa Rosada.

La propia funcionaria figuró en el directorio de dos compañías que eran las dueñas de medios del aparato de propaganda K, financiados en su momento con millones de pesos de fondos estatales que se les giraba mediante publicidad oficial.

Una de esas sociedades era dueña del diario Tiempo Argentino y otra de Radio América, que tuvo a la funcionaria que quedó en el centro de la tormenta entre sus autoridades sencillamente porque ella la creó y la registró en la Inspección General de Justicia (IGJ), el organismo encargado de regular el funcionamiento de las sociedades comerciales.

“Tengo pruebas de todo”, asegura el prófugo Martínez Rojas respecto a documentación que probaría cómo funcionaba la transferencia de divisas de las importaciones “paralelas” de la era K.

Según Clarín, Martínez Rojas ayudó desde su financiera a triangular dólares al exterior a varias decenas de sociedades que lograban aprobar las llamadas “Declaración Jurada de Importaciones Anticipadas” (DJAI).

Fue una cadena de funcionarios la que permitió que este “sistema” funcione. En los papeles que presentaban al Gobierno, las sociedades bajo investigación aseguraban que necesitaban conseguir materiales que llegarían en containers a la aduana con diferentes mercancías.

Según el prófugo y denunciante a la vez, los funcionarios que aprobaban las divisas para las sociedades “truchas” eran Moreno y su esposa, la escribana Martha Cascales; Echegaray, jefe administrativo de parte del puerto de Buenos Aires. Y, por ende, los presidentes del Banco Central, que debieron revisar qué empresas pedían dólares para usarlos en sus maniobras. Algunas empresas usaron las DJAI de forma legal. Otras, muchas, no.

Durante la época en la que Martínez Rojas se involucró en estas cuestiones, entre el 2013 y el 2015, los titulares del BCRA fueron Mercedes Marcó del Pont -bajo su gestión arrancó el cepo- y Juan Carlos Fábrega.

“Asesoré a empresas que sacaban del país en importaciones hasta 140 mil dólares por día, todos los días·”, dijo Martínez Rojas.

Clarín pudo comprobar que una gran cantidad de las empresas autorizadas a importar dólares con las que trabajó Martínez Rojas habían sido inscriptas por la funcionaria mencionada en la nota del diario, pero al poco tiempo cambiaban de autoridades.

Sus autoridades pasaban a ser indigentes, jubilados que debían impuestos y que no tenían la capacidad monetaria para operar en el comercio exterior; y hasta personas que en los registros públicos no figuraron jamás con un trabajo en blanco.

Moreno, afirmó en una entrevista que todas las aprobaciones de importación que estaban bajo su control fueron legales. Y pidió que sea revisado el papel que había jugado en todo esto el BCRA.

El chequeo en bases públicas de datos permite saber que los directivos de esa sociedades a las que Moreno hace alusión no cumplían con los requisitos básicos para ser considerados importadores, consigna Clarín.

Entre la documentación que guardó Martínez Rojas, y que fue cotejada por información del sistema bancario nacional, se encuentran comprobantes de operaciones de importaciones por más de un millón y medio de dólares de muchas sociedades.