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Duro cruce del gobierno con el juez de la causa mapuche
27 de noviembre de 2017
En una fuerte embestida contra el accionar judicial, los ministros de Justicia, Germán Garavano, y de Seguridad, Patricia Bullrich, defendieron los operativos en el sur del país "contra grupos violentos que no reconocen la ley argentina, al Estado y a la Constitución" y aclararon que las fuerzas de seguridad no aceptarán ninguna orden del juez de la causa "ilegal" que invierta el "Estado de Derecho" en el país.

"Nosotros no tenemos que probar nada. A la versión que nos da la Prefectura le damos carácter de verdad. Las fuerzas de seguridad fueron enfrentadas por un grupo violento", aseguró Bullrich.

"Nosotros les vamos a dar claras instrucciones a nuestras fuerzas de seguridad. No van a aceptar ninguna orden ilegal, antijurídica, que invierta el Estado de Derecho, como por ejemplo que un lugar no pueda ser custodiado o que se palpe a los efectivos. Esto es muy importante: esta es una decisión de fondo que implica dónde está la ley y qué tienen que hacer cada una de nuestras fuerzas de seguridad", enfatizó.

El enojo de la ministra apunta al juez federal Gustavo Villanueva, quien en las últimas horas inició una etapa de negociación con los mapuches que toman terrenos ilegalmente cerca de Bariloche y puso bajo la mira a los efectivos de Prefectura que el sábado fueron atacados por activistas fuertemente armados.

"Nosotros no tenemos que probar nada. A la versión que nos da Prefectura le damos carácter de verdad. El Estado es el juez, las fuerzas de Seguridad y la Prefectura, que en este caso fue enfrentada por un grupo violento", sentenció.

Bullrich y Garavano confrontaron con el juez, quien el sábado relevó a la Prefectura del operativo y ordenó incautar las armas que portaban. De acuerdo a la lectura del Gobierno, el magistrado "está perdiendo tiempo" para recabar pruebas importantes que pudiera haber en el territorio donde fue el enfrentamiento.

"Nosotros no vamos a aceptar ninguna orden ilegal. Si hay alguien que dice que no se puede entrar a una parte del territorio argentino, nosotros no tenemos ningún límite más que la Constitución. No vamos a aceptar ninguna orden que dé vuelta los valores del Estado de Derecho. Si las fuerzas de seguridad están frente a un delito, tienen que actuar", insistió Bullrich.