El régimen chavista sufrió un golpe simbólico pero que tendrá gran repercusión internacional.

Marcelo Crovato, preso político con doble nacionalidad argentina y venezolana, se fugó de su casa en Caracas, donde permanecía en arresto domiciliario.

Cruzó a frontera con Colombia y viajó a Bogotá.

En declaraciones a La Nación dijo estar "feliz porque estoy libre, pero triste por todo lo que quedó atrás". La huida siguió pasos parecidos a los hechos por el exalcalde mayor de Caracas Antonio Ledezma, pero con destino distinto: según las fuentes, Crovato volará de la capital colombiana a la Argentina junto a su mujer y sus dos hijos.

"Cuando crucé lo primero que hice fue voltear hacia Venezuela, renovar la promesa y saludar con la seña Scout, comprometer el servir a la partida para [...] Mi promesa está viva, Scout por un día y para siempre como me enseñaste. Siempre listo", tuiteó anoche Crovato en su cuenta, en respuesta a un tuit de la diputada Cornelia Schmidt-Liermann (Cambiemos).

Este abogado de 50 años fue detenido por defender a unos clientes; jamás fue juzgado, a pesar de los cuatro años transcurridos, y contra él se aplicó la figura del "patriota cooperante", una especie de testigo protegido revolucionario que nadie conoce y en el que nadie cree, pero que los jueces chavistas usan como "prueba madre" en algunos juicios. El abogado de origen argentino comenzó a colaborar con el Foro Penal y otras organizaciones de derechos humanos para asistir a los jóvenes detenidos durante las protestas de 2014, las mismas que llevaron a Leopoldo López a la cárcel.

Crovato se fue involucrando en la lucha hasta la noche del 22 de abril de 2014, cuando recibió la llamada de una familia que era allanada por la policía en Chacao, barrio de la zona este de la capital venezolana.

Se dirigió de madrugada con la intención de asistirla jurídicamente. Fue la decisión que cambió su vida: los policías se lo llevaron, junto a las cuatro personas que estaban en la vivienda. Quedó detenido en las dependencias de la policía científica y criminalística en San Agustín, para ser posteriormente acusado de asociación para delinquir, obstrucción de vía pública, desobediencia de las leyes e intimidación pública.

Esa arbitrariedad jurídica lo arrojó a una mazmorra de presos comunes en Yare III, donde sufrió un verdadero calvario durante diez meses. Su deterioro físico -perdió más de 25 kilos- se vio perjudicado además por una caída que le provocó una severa lesión en las vértebras. Tras muchas solicitudes, fue operado de urgencia en un hospital de Caracas.