Tras su liberación, el empresario kirchnerista Cristóbal López recibió un fuerte golpe.

El juez comercial Javier Cosentino intervino su principal empresa, Oil Combustibles, a la que la AFIP le reclama deudas por $17.000 millones.

También desplazó a los administradores Ignacio Rosner y Santiago Dellatorre.

El magistrado designó como interventores a los coadministradores que había puesto el mes pasado en la compañía, los cuales detectaron una serie de "irregularidades de tal entidad, que convencen acerca de la necesidad de desplazar totalmente al órgano de administración natural de la sociedad", planteó el juez que lleva adelante el concurso de acreedores de Oil Combustibles.

Esto profundiza la crisis en el Grupo Indalo, de Cristóbal López y Fabián de Sousa; y aleja cada vez más al fondo de inversión OP Investment, de Rosner y Dellatorre, de ese grupo de 170 empresas (entre las cuales están Oil Combustibles, C5N, Radio 10 y la constructora CPC).

El juez federal Julián Ercolini primero prohibió la venta de esas empresas y ahora el juez comercial los desplazó de la administración de su principal compañía.

Al salir de prisión, donde estuvo por más de 80 días, López aseguró que jamás vendió las empresas de Indalo al grupo Ceibo. "Sigo siendo el dueño", manifestó.

En simultáneo, el fallo de Cosentino abre el camino para que la Justicia pueda comenzar a regularizar la situación de Oil Combustibles, que tiene paralizada la refinería de San Lorenzo, en la provincia de Santa Fe, y dejó de proveer nafta a sus más de 300 estaciones de servicio.

Como fundamento de la intervención judicial en Oil, la empresa que entre 2012 y 2015 retuvo más de $ 8.000 millones del impuesto a la transferencia de combustibles, el fallo de Cosentino menciona una serie de irregularidades detectadas por los tres coadministradores Carlos Bianchi, Liuba Lencova Besheva y Francisco Cárrega ─ahora interventores de la compañía─.

Una de ellas fue la falta de suministro de información requerida por el juzgado, así como el "notable aumento del pasivo posconcursal, tanto impositivo como comercial y desconocimiento por los administradores de lo relativo al incremento de dicho pasivo". Es que el 1 de marzo informaron que ese pasivo era $ 1.482,65 millones, "casi trescientos millones más" que el informado el 31 de diciembre pasado.