En otro avance para cerrar el círculo sobre la ex presidenta Cristina Fernández, el juez Claudio Bonadio procesó a los ex secretarios del matrimonio Kirchner.

Se trata de Roberto Sosa, Daniel Alvarez y Fabián Gutiérrez; al ex jardinero Ricardo Barreiro y al ex recaudador Raúl Copetti por ser ser miembros de la asociación ilícita que comandaron "Néstor y Cristina Kirchner" y que se dedicó a la recaudación de fondos ilegales que pagaban las empresas contratistas del Estado.

El magistrado ordenó prisión preventiva para todos -Gutiérrez está eximido por haberse convertido en "imputado colaborador"- y trabó embargos de entre 2.500 y 3.000 millones de pesos para los imputados.

Bonadio considera que en la investigación de los cuadernos se comprobó la existencia de "una organización delictiva conformada por funcionarios públicos, quienes valiéndose de medios oficiales (incluyendo vehículos, empleados, equipos de telefonía celular, etcétera) y comandados por Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández, y del Ministerio de Planificación, actuó entre 2003 y 2015".

En la resolución en la que procesó a Cristina, Julio De Vido, Roberto Baratta y decenas de ex funcionarios y empresarios contratistas con el Estado, en septiembre último, el juez consdieró que en dicho período existió un "pacto ilícito en daño de tercero" entre funcionarios y empresarios que hizo "funcionar una maquinaria que le sacaba con procedimientos amañados dinero al Estado Nacional en detrimento de la educación, la salud, los jubilados, la seguridad , que dejaba a los más humildes del pueblo sin cloacas, sin agua corriente".

La finalidad de esta "organización delictiva", fue distribuir "coimas a funcionarios corruptos a cambio de que, por avaricia y codicia, este selecto grupo de empresarios también se llenaban los bolsillos mediante su participación en licitaciones o concesiones sosteniendo el discurso acomodaticio y cobarde, pretendiendo hacer creer que cedían a las presiones, en bien de cuidar sus empresas y los puestos de trabajo".