Las peores noticias suelen llegar en los peores momentos. Así pasó con la decisión del Grupo LATAM de cerrar "por tiempo indeterminado" su filial en la Argentina, dejando en vilo a sus 1.715 empleados y a unos 3.000 proveedores, la mayoría de los cuales son pymes.
La empresa presentó un pedido de procedimiento preventivo de crisis ante el Ministerio de Trabajo para iniciar el proceso de desvinculación de sus empleados.
La decisión representa otro golpe durísimo para la economía argentina, ya que la actividad de la empresa había representado más del 0,5% del Producto Bruto del país en 2019, antes de que llegara el coronavirus y cambiara tal vez para siempre el mercado aerocomercial.
Los vuelos internacionales de LATAM seguirán operando, tanto desde Ezeiza como desde Aeroparque, y los aproximadamente 500 empleados que trabajan en este tipo de operaciones no serán desvinculados.

Tampoco será alterado el programa de millaje de la compañía, con cinco millones de usuarios sólo en la Argentina, aseguraron a este diario fuentes del sector.

Lan Argentina era hasta marzo el segundo operador del mercado de cabotaje local, con millones de pasajeros transportados durante 2019.

Pero la desregulación del mercado que aplicó el gobierno anterior, sumada a las devaluaciones, incrementaron fuertemente su déficit.

En los últimos dos años, la empresa había acumulado pérdidas por más de 260 millones de dólares, según los balances que el grupo presentó en Wall Street. Con la cuarentena, todo empeoró en forma drástica: la filial local sólo pudo hacer unos pocos vuelos de repatriación de los 80 de LATAM que llegaron a Ezeiza y Córdoba.

Con el personal suspendido en sus casas, la empresa intentó aplicar (de manera unilateral) una rebaja de 50% de los salarios de abril, mayo y junio, pero el Ministerio de Trabajo la intimó a pagar el 100% de las remuneraciones.

Con esta salida del mercado local, sólo quedan Aerolíneas Argentinas, las "low cost"​ Flybondi y JetSmart y Andes, una firma que ya venía con dificultades antes de la cuarentena. La casa matriz, LATAM Airlines, pidió el mes pasado su concurso preventivo en los tribunales de Nueva York, EE.UU.

La solicitud de protección judicial, conocida como "Capítulo 11", incluye tanto a la casa matriz de Chile como a las demás filiales de LATAM en el mundo, con excepción de Argentina, Paraguay y Brasil.

Pero mientras que la filial brasileña, la ex aerolínea TAM, está remando duro para volver a operar (cerró un acuerdo estratégico con su competidora Azul, con el visto bueno del gobierno de Jair Bolsonaro), la filial local pasó a ser la única del grupo internacional que anunció el cierre total de sus operaciones.

Cerca de la compañía sostienen que el gobierno de Alberto Fernández no facilitó las cosas para las líneas aéreas que no son Aerolíneas.

Es que todos los aviones de pasajeros siguen en tierra por la cuarentena, sin fecha de regreso estimada, por un decreto presidencial.

Además, las aerolíneas tienen prohibido vender pasajes, tanto nacionales como internacionales, para fechas anteriores al 1º de septiembre.

En ese contexto, la única que mantuvo cierta actividad fue Aerolíneas, con 200 vuelos de repatriación y más de 30 vuelos de carga hacia China.

Pero mientras la empresa estatal tiene su operación garantizada por los aportes del Estado, las demás líneas aéreas tienen que cubrir la mayor parte el quebranto generado por la pandemia desde el bolsillo de sus accionistas.

El secretario general del gremio de los pilotos, Pablo Biró, reclamó que el Gobierno le quite a LATAM la licencia para volar a otros destinos del mundo.

Biró dijo que "no hay excusas para que LATAM abandone el país” porque “en los últimos dos años la aerolínea ganó 430 millones de dólares”.

El jefe de Aeronavegantes, Juan Pablo Brey, también cuestionó la operación de LATAM en Argentina, ya no sólo por su salida del país, sino por su historia de 15 años.

"Después de años de llevarse todo para el holding sin desarrollar la filial argentina, es realmente preocupante la decisión que está tomando Latam. Además, no se puede dejar a más de 1.700 familias en la calle en el medio de una crisis sanitaria global", se quejó Brey.