Por José Calero

Con fuertes protestas en distintas ciudades del interior con epicentro en Santa Fe, y hasta frente al Obelisco porteño, la gente salió este sábado a cuestionar la decisión del presidente Alberto Fernández de intervenir el endeudado grupo cerealero Vicentin y avanzar con el proyecto de expropiación en el Congreso, que es fogoneado por el kirchnerismo duro.

En la siempre tensa relación entre sectores agropecuarios y el peronismo/kirchnerismo, en especial por las retenciones a la soja, las políticas aplicadas sobre Vicentin parecieron disparar en los últimos días viejos resentimientos, que hacen recordar la dura disputa ocurrida en el 2008 cuando se intentaron instaurar en la Argentina retenciones móviles al complejo sojero.

Como paradoja, esa disputa que el gobierno de Cristina Kirchner mantuvo hace doce años con la dirigencia agropecuaria durante meses, le terminó costando luego el puesto a Alberto Fernández, quien era en ese momento jefe de Gabinete.
El actual Presidente ni quiere oír hablar de aquel conflicto, pero la escalada por Vicentin tiene final abierto y amaga con exacerbar las tensiones latentes entre el campo y el kirchnerismo.
Un kirchnerismo que gana cada vez más espacios en el Gobierno en las últimas semanas.

Cristina Kirchner logró colocar en lugares clave a dirigentes que le responden ciegamente, como Axel Kicillof y Verónica Magario en la provincia de Buenos Aires; Fernanda Raverta en la ANSES; la ex jueza María Laura Garrigós de Rébori -impulsora de la agrupación ultra K Justicia Legítima- en el Servicio Penitenciario; y Pablo Ceriani en Aerolíneas Argentinas, por citar algunos, a lo cual suma su control casi total del Senado y el hecho de que su primogénito Máximo Kirchner presida la Cámara de Diputados.
Son demasiadas cajas para financiar la siempre ambiciosa necesidad de financiamiento que tiene la maquinaria política del kirchnerismo.Ante ese escenario, Alberto Fernández es consciente de que no puede dar demasiados pasos en falso, y que su poder le fue delegado por la vicepresidenta, y le puede ser arrebato en cualquier momento.

Es por ello que el conflicto con Vicentin le preocupa y mucho al jefe de Estado. Sobre todo porque puede esmerilarle el apoyo ganado entre el electorado que detesta a Cristina Kirchner y jamás la votaría.

En este escenario político volcánico, las inmediaciones del Obelisco porteño y la ciudad santafesina de Avellaneda, donde Vicentin tiene su sede histórica, se convirtieron este sábado en los grandes epicentros de la movilización contra el gobierno. Miles de personas autoconvocadas en diferentes provincias salieron a participar del "banderazo en defensa a la propiedad", que contó también con el respaldo de dirigentes rurales y políticos de la oposición.
Los manifestantes cuestionaron también que el presidente Alberto Fernández haya dicho que la gente que salía a protestar estaba "confundida". Pareció volver el 'antiguo Alberto', radicalizado para defender sus política a matar o morir.
Las movilizaciones se replicaron en varias ciudades de Córdoba, de Santa Fe, del área metropolitana de Buenos Aires y de otras grandes ciudades del interior bonaerense como Bahía Blanca, y en las provincia de Tucumán, de Río Negro y de Corrientes, entre otras. Durante el acto que se realizó en Avellaneda, el vicepresidente de Coninagro, Norberto Niclis, defendió la propiedad privada y le apuntó al jefe de Estado.

“Peor que no conocer la Constitución es no cumplirla, como hizo el Presidente. Tenemos esperanzas de que haya tenido un diagnóstico equivocado”, sostuvo.

Niclis advirtió que las “cuatro entidades agropecuarias -enroladas en la Mesa de Enlace-, por unanimidad no queremos la expropiación” de la empresa “ni de nadie”.

También destacó la magnitud de la protesta: “La ciudadanía, cuando se junta, es la que tiene la razón. Cuando se junta espontáneamente, no cuando se llenan colectivos con choripanes”, advirtió.

Vicentin, que afronta una deuda monumental por unos 1.350 millones de dólares -buena parte con el Banco Nación- se encuentra en convocatoria de acreedores desde febrero último y afronta un volumen de deuda superior a los 1.500 millones de dólares.

"Estamos en una situación muy compleja como para tener que vivir este conflicto innecesario en nuestro país. Realmente es un conflicto innecesario. Los argentinos estamos cansado de la grieta, de esa grieta que tanto daños nos hizo, nos hace y nos hará en el futuro si seguimos con este conflicto innecesario", advirtió el intendente de Avellaneda, Dionisio Scarpin.

El jefe comunal habló desde un escenario instalado en la intersección de la ruta 11 y la 31. Allí convocó a "seguir juntos más que nunca defendiendo la institucionalidad del país, defendiendo la división de poderes, la Constitución Nacional". Las palabras de Alberto Fernández
En diálogo con El Destape Radio, el Presidente admitió antes de la protesta que "hay un rechazo social a la palabra expropiación".

Pero recordó que esa posibilidad "está en la Constitución desde siempre", y se volvió a manifestar "absolutamente dispuesto a encontrar una solución alternativa".​

Desde el kirchnerismo también cuestionaron las protestas: "El banderazo está alentado por algunos sectores disconformes por accionar del gobierno y buscan desgastarlo para esmerilar su figura y el poder del Gobierno", dijo el senador José Mayans.

Dirigentes de la oposición, en especial los enrolados en Juntos por el Cambio, llamaron a movilizarse con banderas argentinas.

Cada uno desde su provincia, como los senadores Alfredo De Ángeli -en Entre Ríos- o Silvia Elías de Pérez -desde Tucumán- dijeron presente.

Y no faltaron cuestionamientos contra el Gobierno, sobre todo de representantes de la UCR.

Alfredo Cornejo, presidente del radicalismo, le pidió a la Casa Rosada prestarle atención al mensaje de los banderazos.

"Los representantes del pueblo debemos escuchar a los ciudadanos sin subestimarlos. El gobierno debe prestar atención a la manifestación de hoy. #BanderazoNacional", reclamó. Algo similar señaló Luis Petri, diputado por Mendoza.

"Miles de argentinos se están manifestando pacíficamente en todo el país. El #BanderazoNacional es un claro mensaje que el Gobierno debe escuchar. No hay margen para el atropello de las instituciones ni para llevarse puesta la Constitución en cada decisión que toman".

"Que no nos confundan, no acataron ningún fallo judicial. El gen autoritario los hace creerse dueños de tus bienes, tu vida y tu futuro. Hoy, #20DeJunio les vamos a mostrar que no queremos patoterismo ni autoritarismo que nos gobierne. Queremos #Democracia y #República", planteó en su cuenta de Twitter Ricardo Buryaile, el diputado nacional y ex ministro de Agroindustria que integró la histórica Mesa de Enlace del campo que en 2008 frenó la resolución 125 que establecía retenciones móviles.

Las protestas se produjeron apenas después de conocerse el nuevo plan que avaló el Fernández para que el Estado se ponga al frente de la conducción de la compañía mediante los mecanismos legales que se contemplan en los concursos de acreedores.

Sin embargo, el propio Presidente aclaró este sábado, que si esa estrategia falla, se avanzará con el proyecto de expropiación en el Congreso. En las últimas horas el escándalo relacionado con la empresa Vicentin entró en una nueva fase, porque el gobernador de Santa Fe, el peronista Omar Perotti, dio a conocer los detalles del mecanismo que diseñó con el aval del presidente Fernández para intervenir la compañía.

El nuevo plan consiste en solicitar una intervención en el marco del proceso de convocatoria de acreedores, en el que se incluyen a más de 2.600 proveedores, y que a principio de marzo inició el juez Fabián Lorenzini, titular del Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial de Reconquista.

La apuesta oficial es crear un cuerpo de intervención tripartito, con participación de Gabriel Delgado y Luciano Zarich, los dos elegidos por el presidente Fernández para hacerse cargo de la intervención por 60 días que se estableció mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) publicado el pasado 9 de junio, y de un representante de la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe.
En su escrito, el gobierno de Santa Fe alegó que "los actuales integrantes del directorio no resultan idóneos para conducirla" y pidió por su parte reponer a los interventores nombrados por el gobierno. El pedido se formalizó ante el juzgado de Lorenzini, quien el viernes falló en contra de la intervención inicial que estableció la Casa Rosada y ordenó que se repongan los integrantes del Directorio de Vicentin que habían sido desplazados por Delgado y sus equipos.

El presidente Fernández aseguró que el fallo judicial es "un dislate jurídico de magnitud" y planteó que si el juez de Reconquista no autoriza el planteo realizado por el gobernador Perotti de buscar la solución "vía concurso", "no habrá otro camino más que la expropiación".

"El juez ha tenido más en cuenta el microclima de la zona que los criterios de Justicia. Él es un juez concursal y yo soy el Presidente de la República y hay que explicarle que los DNU son leyes, tienen el peso de las leyes", señaló.