Joe Biden es el nuevo presidente de los Estados Unidos. Donald Trump ya fue. Pero para el gobierno estadounidense algo se mantiene: el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela es una dictadura.

El nuevo portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, definió ante los periodistas a Maduro como “un dictador” y rechazó tomar contacto con él a manera de interlocutor sobre el futuro venezolano.

Dijo que siguen reconociendo al líder opositor Juan Guaidó como “presidente interino” de Venezuela.

Aunque fue sugestivo al decir que la nueva administración esperaba trabajar con “socios” y “aliados” en la crisis venezolana -Price no nombró país alguno-, el portavoz del secretario de Estado, Antony Blinken, consideró a la Organización de Estados Americanos (OEA) y al Grupo de Lima como los espacios de “liderazgo” para seguir “presionando por una transición democrática en Venezuela” para “fortalecer aún más una coalición regional”, que abogue por “elecciones libres y justas” en el país caribeño.

Justo lo que no quiere el gobierno de Alberto Fernández, donde en este tema talla fuerte la vicepresidenta Cristina Kirchner.

El gobierno de Fernández desconoce a Guaidó, aboga por el diálogo con Maduro y avaló las últimas y controversiales elecciones legislativas que impuso el chavismo, del 6 de diciembre, condenadas por la mayor parte de las democracias occidentales.

Más aún, mantiene un enfrentamiento abierto con la OEA de Luis Almagro y con el Grupo Lima. Señala que son y fueron instrumentos del gobierno de Trump y su planes para invadir Venezuela. Aseguran que el ex presidente Mauricio Macri los avaló. Planes que en realidad nunca se comprobaron. Lo de Biden es continuidad de Trump.

El gobierno argentino se incorporó al Grupo de Contacto Internacional con Venezuela para evadir compromisos con el de Lima. Pero cuando el Grupo de Contacto condenó las legislativas, Argentina se diferenció con el silencio y con una abstención en la OEA. Esta semana el GCI pidió elecciones transparentes, Argentina acompañó, pero el canciller Felipe Solá se desmarcó con un comunicado en el que pidió “acceso humanitario” de Venezuela a dineros “bloqueados” –no especificó- para que pueda pagar vacunas contra el COVID del fondo Covax, cuando es la oposición venezolana la que le reclama a Maduro un plan de vacunación masiva, que no tiene.

Tras el diálogo que semanas atrás Fernández mantuvo con Biden, antes de su asunción, la Casa Rosada se preocupó en aclarar que el tema Venezuela no había formado parte de la conversación.