Con el objetivo de reactivar la economía, Elisa Carrió enviará al Congreso un proyecto de ley sobre la base de una reforma impositiva, según asegura la fundadora de la Coalición Cívica. El plan propone reducir las retenciones a la soja hasta llegar al 10%, y 0% al resto de los granos.

La idea central del proyecto se concentra en la reducción del impuesto a las Ganancias de empresas en línea con los niveles internacionales y la reducción del costo laboral a través de la disminución de las cargas patronales por medio de la fijación de un mínimo no imponible (MNI) salarial que irá subiendo hasta alcanzar el equivalente del Salario Mínimo Vital y Móvil ( SMVM).
También plantea la utilización de lo ingresado por el gravamen a los débitos y créditos como crédito del impuesto a las Ganancias, la fijación de topes en las alícuotas de los derechos de exportación y la prohibición de cargar impuestos y tasas provinciales y municipales en las facturas de servicios públicos.

Todos estos cambios deberían ir en paralelo a la reducción del gasto público para lo cual se propone, entre otras medidas, congelar la contratación de personal en el sector público.

En materia sindical, el texto estipula un incremento en la cantidad mínima de trabajadores, de 10 a 20, para tener representantes gremiales en las empresas.

En Ganancias a las empresas, se propone regresar de forma gradual al espíritu de la reforma tributaria del 2017, unificando la tasa del Impuesto en el 25%, con independencia de la magnitud de las ganancias. Esa tasa regirá a partir del año 2025. Hasta ese año, habrá una reducción gradual. Para las ganancias no reinvertidas se aplicará una sobrealícuota del 13%.

Con relación al impuesto sobre los débitos y créditos -impulsado por Domingo Cavallo en la crisis del 2000/2001-, Carrió considera que debe eliminarse, y hasta que ello ocurra se propone que todas sociedades, empresas o personas (o personas físicas) registradas como responsables inscriptos puedan tomarlo a cuenta de pago del impuesto a las ganancias de tercera categoría (hoy en día solo pueden hacer uso de este beneficio las PyMES que se encuentren registradas como tales en el Ministerio de Producción).

Otros cambios son:

Servicios públicos: El proyecto propone que las facturas de servicios públicos solo contengan los cargos por el consumo realizado por el usuario, prohibiéndose cargar impuestos y tasas en las boletas, con excepción del IVA e ingresos Brutos sobre los consumos.

Derechos de exportación: (“retenciones”) Se propone una baja gradual de las alícuotas hasta llegar al 10% en el caso de la soja (que ya a partir del 2023 baja al 30%) y al 0% en el caso del resto de los productos que pagan retenciones (excepto para las actividades hidrocarburíferas y mineras).

Provincias y CABA: Se propone invitar a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a reducir las alícuotas del impuesto sobre los ingresos brutos y del impuesto a los sellos, en el sentido expresado en el Consenso Fiscal del año 2017.

Baja de Ingresos Brutos: En aquellas provincias productoras de alimentos donde la Coalición Cívica tenga representación legislativa, la alianza propondrá en las Legislaturas locales la baja a cero del impuesto a los ingresos brutos a las actividades de ganadería, agricultura, caza, pesca e industria productora de alimentos.

El borrador, al que accedió Clarín, abarca rebaja de retenciones, reducción del impuesto a las Ganancias, de cargas patronales y otras modificaciones reclamadas por el sector empresario y el campo.

El MNI irá subiendo gradualmente hasta alcanzar el equivalente al Salario Mínimo Vital y Móvil. De esta manera, las contribuciones se pagarán solo por el monto de los salarios que excedan ese MNI.

Representantes gremiales en las empresas: El borrador estipula un incremento en la cantidad mínima de trabajadores para tener representantes gremiales en las empresas (pasa de 10 a 20 trabajadores) Doble indemnización Se propone eliminar la indemnización agravada por despidos laborales.

Carrió cree necesario atender cuestiones coyunturales y adoptar medidas concretas en el tiempo oportuno, "con el objetivo de lograr efectos sobre los precios que pagan los consumidores en alimentos y bebidas, pero también para mejorar las estructuras tributarias provinciales en el sentido acordado en 2017 entre el Gobierno nacional y los gobernadores".