Por unanimidad, la Corte Suprema de Justicia rechazó los planteos formulados por Cristina Kirchner para detener el juicio en su contra por la presunta corrupción en la obra pública.

Se trata de doce recursos en total, todos relacionados al caso que tiene como principal acusada a la vicepresidenta por presunto direccionamiento de los contratos viales a favor de Lázaro Báez.

El debate oral continuará con el cronograma fijado por el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), que busca dar su veredicto antes de fin de año.

Una docena de planteos fueron rechazados por los ministros de la Corte, Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, avalando así el juicio que inició en mayo de 2019 por la presunta corrupción en la obra pública.

La mayor cantidad de recursos extraordinarios rechazados este marte fue presentada por Carlos Beraldi, el abogado de Cristina Kirchner. Tres de ellos eran centrales, porque buscaban dejar sin efecto el debate oral y público que tendrá su veredicto antes de fin de año.

En uno de esos recursos, la vice había pedido una pericia contable de toda la obra pública en todas las provincias. Sobre este planteo la Corte denegó la queja "por falta de sentencia definitiva", al entender que no existe la arbitrariedad planteada por Cristina Kirchner respecto a la prueba impulsada, es decir una pericia sobre cinco obras emblemáticas y no sobre las 51 como ella requería.

El Tribunal autorizó un peritaje sobre cinco casos testigos de obras asignadas Báez y que arrojó por parte de los peritos oficiales, sobreprecios de 170-200 millones de dólares, asimismo determinaron que el empresario K no contaba con capacidad técnica para ganar los contratos y que esas obras no se concluyeron. La perito por parte de la vicepresidenta dictaminó lo contrario en todos los puntos.

Con su planteo buscaba que se anule la prueba que expuso los sobreprecios. "Se desestima el agravio referido a la posible afectación del derecho de defensa de la imputada, destacando que el tribunal oral se limitó a ejercer las funciones que le son propias y que también rechazó pruebas ofrecidas por los acusadores", indica el acuerdo de la Corte.

Sobre este punto los jueces hicieron una importante salvedad en respuesta al descargo de Cristina Kirchner: "Se descarta la existencia de “gravedad institucional”, señalando que no puede afectar “la buena marcha de las instituciones democráticas” el rechazo de un planteo que puede retomarse en instancias posteriores".

Otro planteo de la vicepresidenta que llegó a la Corte apuntaba contra una demanda multimillonaria que el gobierno de Mauricio Macri inició en contra de la vice por 22.500 millones de pesos.

Cristina insistía en que ese juicio por daños y perjuicios -correspondiente al 50% de los contratos irregulares que le dieron a Báez y que nunca terminó- debe tramitar en Comodoro Py, y no en la justicia Contencioso Administrativo.

La Corte le respondió que el reclamo "carece de fundamentación suficiente". Tampoco aquí ve "gravedad institucional" la Corte, pues "no se ha explicado de qué modo una resolución cuya consecuencia es la mera remisión de los planteos de la apelante para su tratamiento en sede civil y comercial federal revela una 'flagrante violación de derechos, capaz de quebrar la buena marcha de las instituciones del sistema republicano'.