La Argentina apoyó en la Organización de Estados Americanos (OEA) una resolución presentada por Antigua y Barbuda y acompañada por Canadá, Chile, Costa Rica, Estados Unidos, Perú y Uruguay, que condena la persecución religiosa y la censura de prensa ejercida por el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega.

La votación resultó a favor por 27 votos, 4 abstenciones, 1 voto en contra y 2 ausencias.

San Vicente y Granadina rechazó la condena, se abstuvieron Bolivia, El Salvador, Honduras y México, los dos ausentes fueron Colombia y Nicaragua -que renunció a la OEA-, y los restantes estados miembros condenaron las acciones dictatoriales del régimen sandinista.

El embajador argentino ante la OEA, Carlos Raimundi, no estaba de acuerdo con la posición de la Cancillería -que cumplía con las instrucciones de Alberto Fernández- y faltó a la cita diplomática: en su lugar, votó a favor María Cecilia Villagra, representante alterna ante la OEA.

El embajador Raimundi no adelantó al Ministerio de Relaciones Exteriores que cedía su responsabilidad diplomática a la representante alterna Villagra. Fue su decisión unilateral.

Entre sus aspectos más importantes, la resolución aprobada sobre Nicaragua establece lo siguiente:

“1. Condenar enérgicamente el cierre forzado de organizaciones no gubernamentales, así como el hostigamiento y las restricciones arbitrarias de organizaciones religiosas y de las voces críticas del gobierno y sus acciones en Nicaragua.

2. Reiterar su insistencia en que el Gobierno de Nicaragua libere de inmediato a todos los presos políticos, cese la persecución y la intimidación de la prensa independiente y garantice el ejercicio del derecho a la libertad de expresión.

3. Renovar el ofrecimiento del Consejo Permanente de trabajar con el Gobierno de Nicaragua para que se adhiera a las Cartas rectoras de la OEA y restablezca la institucionalidad democrática y el respeto a los derechos humanos en Nicaragua, de acuerdo con el derecho internacional

Ortega intensificó la persecución de la Iglesia de Nicaragua por sus constantes denuncias contra el régimen sandinista, que multiplica la detención de presos políticos, endurece la censura previa sobre los medios de comunicación y viola -sistemáticamente- los derechos humanos.

“Mis buenos amigos y hermanos, solamente notificarles que la Policía esta mañana me ha notificado que no tengo permiso para salir, no puedo salir a las calles, a procesiones, a actividades fuera del templo parroquial, así que creo que me están vigilando”, dijo el sacerdote Anibal Manzanares en un mensaje distribuido ayer en sus redes sociales.

El sacerdote Manzanares pertenece a la comunidad eclesiástica de Terrabona, a 70 kilómetros de Managua, que por decisión política de Ortega se trasformó en un escenario de constante persecución religiosa. Rolando Álvarez, obispo de la Diócesis de Matagalpa y superior de Manzanares, cumplió ya ochos días de retención ilegal y fue acusado de organizar grupos violentes.

Junto al obispo Álvarez se encuentran otros cinco sacerdotes, tres seminaristas y dos laicos, prohibidos en su libertad por decisión política de la Policía Nacional. Los detenidos ilegalmente están en la Catedral de Matagalpa, que ayer fue vigilada por un dron manejado por la dictadura de Ortega.