El juez de Garantías de Florencio Varela, Adrián Villagra ordenó liberar a Marcelo "Teto" Medina (59) en la causa por denuncias de explotación laboral y reducción a la servidumbre en la comunidad terapéutica "La Razón de Vivir".

Le otorgó la "excarcelación extraordinaria" junto a otros 10 acusados, que de todas formas seguirán siendo investigados.

El conductor había sido fue arrestado el jueves 22 de septiembre en su departamento de Palermo, acusado de ser la cara visible de la organización y reclutar personas con charlas motivacionales en redes sociales y en varios puntos del país.

La medida beneficia también a Rubén Ernesto Duran, Rosana Elizabeth Gómez, Tatiana Lorena Lanza, Martín Ezequiel Arias, Alfredo Martín Córdoba, Fabiana Edith Canal, Valeria Fernanda Miceli, Damián Alberto Fernández Cáceres, Federico Risso Patrón y Sonia Elizabeth Córdoba.

El juez, en tanto, les impuso la obligación de presentarse el primer martes de cada mes al juzgado y les dictó la prohibición de acercamiento y contacto con las víctimas del caso. Tampoco podrán ir a las quintas donde funcionaba la organización.

En tanto, seguirán detenidos Néstor Ezequiel Zelaya, Mariano Jorge Luis Torchia, Jorge Alberto Basílico y Eduardo Humberto Zelaya.

Néstor Zelaya es el director de la comunidad terapéutica "La Razón de Vivir" y está previsto que este jueves declare a las 11 en la fiscalía de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Pornografía Infantil y Grooming del partido bonaerense de Berazategui.

Además brindarán su testimonio 22 personas que "refieren todo lo contrario a lo que se construyó en esta denuncia", según confirmó el abogado defensor Marcelo Biondi.

"Pedí la ampliación de declaratoria de Zelaya porque el viernes lo hice negarse a declarar ya que me dieron acceso al expediente en ese momento y no tuve tiempo de verlo", señaló este martes Biondi.

Sobre los 22 testigos, dijo que "son gente recuperada de la quinta y familiares que, obviamente, refieren todo lo contrario a lo que se construyó en esta denuncia". Al tiempo que consideró que "no tienen sustento probatorio con estas calificaciones legales graves".

Sobre el contenido del expediente, Biondi sostuvo que todo lo que se dice sobre tantas horas de escuchas telefónicas que trascendieron en los medios, "no sostienen bajo ningún punto de vista una asociación ilícita, una reducción a la servidumbre, ni el abandono de persona".