Una de las causas por corrupción contra Cristina Kirchner, dio un paso decisivo.

Las audiencias de alegatos y planteos en el juicio por el presunto direccionamiento en la obra pública vial en Santa Cruz concluyeron este viernes, y el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) habilitó la instancia de palabras finales para que los trece acusados se pronuncien por última vez ante los jueces previo a conocer la sentencia que buscan leer en diciembre. Cristina Kirchner, principal imputada en este caso, podrá hablar el 29 de noviembre a las 9.30.

En caso de acceder a la posibilidad de utilizar la instancia de palabras finales, será la tercera vez que la vicepresidenta se dirija ante el Tribunal integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso. Después será Cristina la que escuche a los magistrados cuando lean el veredicto en el caso conocido como Vialidad.

Cristina Kirchner previo a la audiencia de este viernes, dedicó algunas expresiones contra la justicia en el acto que encabezó en La Plata ante más de 60.000 personas.

"Donde no hay jueces puestos a dedo, presionables y eternos en sus cargos, el sistema funciona. No es bueno para la democracia que sean los jueces los que deciden sobre las políticas económicas de un país", señaló la Vicepresidenta.

Sus críticas al Tribunal que debe resolver si es responsable de los delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta en perjuicio del Estado, fueron constantes durante los tres años y medio que se realizaron las audiencias. Los acusó de ser parte de la persecución política de la que se considera víctima desde diciembre de 2015.

En diversas oportunidades, Cristina Kirchner, acusó a los jueces de este Tribunal de tener la sentencia condenatoria escrita y firmada cuando el juicio aún estaba en pleno desarrollo. Esta útlima semana reiteró un concepto en contra de Comodoro Py: "La justicia no me quiere como víctima, me quiere como acusada”.

Esta semana previo a esta última audiencia de planteos, la Cámara de Casación -máximo tribunal penal- rechazó el planteo de la vice para apartar a dos jueces del Tribunal (Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu). El pedido de apartamiento incluía a los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola.

Con ese telón de fondo, el TOF 2 dio a conocer el cronograma de lo que se conoce como "palabras finales". Es la posibilidad que todos los imputados en este expediente, se dirijan por última vez a los jueces que deberán resolver sobre la culpabilidad o inocencia de cada uno de ellos.

El presidente del Tribunal, Giménez Uriburu informó que el viernes 25 de noviembre el primer grupo de imputados podrán hablar y será el martes 29 a partir de las 9.30 que la vicepresidenta podrá hacer uso de esta instancia también.

Ese día se dará a conocer la fecha de lectura del veredicto para concluir lo que se constituyó como el primer juicio en un caso de presunta corrupción contra Cristina Kirchner. El Ministerio Público Fiscal pidió una pena de doce años de cárcel para la vice, la misma cantidad para Lázaro Báez.

El debate oral que demandó más de 200 audiencias, incluida las correspondientes a los alegatos, analizó los 51 contratos viales que fueron otorgados al Grupo Austral de Lázaro Báez, entre 2003 y 2015, por una suma estipulada en $ 46.000 millones.

La acusación con la que el caso se elevó a juicio y que dio por corroborada la fiscalía en sus alegatos, refiere a un esquema de beneficios a favor del ex socio comercial de los Kirchner. Esto va desde concursos de precios amañados, licitaciones direccionadas, compulsas que no fueron publicitadas, instancias en las que sólo se presentaron empresas de Báez compitiendo contra sí mismo, aplicación de modificación de plazos que fue incrementando los costos de obra, entre otros puntos.

La imputación para los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola fue corroborada durante las más de 600 horas de debate oral. Por ese motivo para la vicepresidenta y para su ex socio comercial, solicitó una pena de doce años de prisión. A Cristina Kirchner la encontraron responsable de haber sido jefa de la asociación ilícita y de posibilitar a través de dicha organización delictual, una administración fraudulenta.

Ese daño ocasionado, sostuvieron los fiscales, en perjuicio del erario público se contabilizó en 1.000 millones de dólares. Por esa suma el Ministerio Público Fiscal pidió que todos los acusados respondan con sus patrimonios de forma solidaria, es decir de manera conjunta hasta cubrir la totalidad de dicha cifra. Esto sólo ocurrirá si el Tribunal los encuentra responsable de los delitos atribuidos y solicita el decomiso de sus bienes.