La Cámara Federal rechazó este viernes el intento de la vicepresidenta de apartar a la jueza María Eugenia Capuchetti de la investigación, revelaron a Infobae fuentes judiciales.

Y en paralelo ordenó una serie de medidas que se deberán profundizar para esclarecer una de las pistas sobre la que apunta la querella y que salpica al diputado del PRO Gerardo Milman, a quien le atribuyen haber dicho en un bar dos días antes del ataque “cuando esté muerta yo voy a estar en la costa”.

Entre esas medidas, que declaren dos diputados del Frente de Todos para saber qué saben de esa hipótesis.

Según resolvieron los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, la jueza o el fiscal Carlos Rìvolo -en quien la jueza delegó el miércoles la instrucción- deberán llamar a declarar nuevamente al testigo Jorge Abello, que escuchó esa frase; citar a su jefe, el diputado santafesino Marcos Cleri; y a otro cliente del bar Casablanca que estaba en ese momento en el lugar: el diputado del Frente de Todos Mario Leito.

Recién ahí, la juez deberá evaluar si se procede al análisis de los teléfonos de las colaboradoras de Milman, en un marco “acotado” a lo que haga referencia a esta pista.

La “gravedad institucional” detrás de este intento de homicidio impone que “se agote toda línea de investigación que pueda tener algún impacto en la hipótesis delictiva”.

“Si bien consideramos que, con acierto, la Sra. Jueza ha procurado evitar un menoscabo a las garantías constitucionales de dos testigos -respecto de quienes no se acreditó por el momento ninguna vinculación delictiva al caso-, lo cierto es que dada la gravedad institucional del hecho aquí investigado -el intento de dar muerte a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Elisabeth Fernández- tornan imperiosa la producción de todas aquellas diligencias probatorias que puedan resultar pertinentes y útiles para el descubrimiento de la verdad, sin escatimar esfuerzos y premura, aunque optando siempre por la alternativa que resulte menos lesiva para las garantías constitucionales en juego”, aseguraron.

Antes de esa decisión, Bruglia ratificó a Capuchetti en la causa. Aseguró que “no se desprende en el marco de estas actuaciones, acto alguno por parte de la magistrada interviniente que pueda inferir un objetivo y concreto dato de parcialidad”.

Y afirmó que el pedido de recusación se justifica en la “disconformidad –pueda ser acertada o no- con ciertas aristas relacionadas con el modo de llevar adelante la presente investigación, pero de ningún modo concreta una evidencia que demuestre la ausencia de imparcialidad invocada”