Finalmente, el oficialismo incorporó al documento una reforma laboral distinta a la negociada y acordada con la Unión Cívica Radical (UCR), quien de todas formas dio su apoyo al texto en su totalidad.

En su Título V denominado "Modernización laboral", la nueva ley Bases desarrolla la reforma de la legislación de trabajo con distintas modificaciones sobre el proyecto Ley de Empleo Nº 24.013.

Aunque cuenta con puntos de contacto con el documento que presentó el radicalismo, constan con transformaciones que diputados del partido centenario defendían como necesarias e incluso habían conversado con el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, en Casa Rosada.

La iniciativa del radicalismo modificaba únicamente dos apartados del mercado laboral: las 20.744 y 24.013, mientras que derogaba el artículo 1 de la ley 25.323, una propuesta muy distante al capitulo IV del DNU 70/2023 que permanece en la Corte Suprema de Justicia.

Al momento de debatir los artículos de la reforma laboral el bloque radical insistió en incluir la eliminación de la cuota solidaria que los sindicatos cobran por convenio a los trabajadores no afiliados. La bancada que conduce Rodrigo de Loredo no cuenta con mayores apoyos pero buscó “exponer” a los diputados que votaran “en defensa de la casta sindical”.

De este modo, tras la aprobación de Diputados, la refoma laboral incluirá estos puntos:

Modificaciones en la legislación laboral existente: la reforma modifica significativamente las leyes 20.744 (Ley de Contrato de Trabajo) y 24.013 (Ley de Empleo), incorporando nuevos artículos y derogando otros, como el artículo 1 de la ley 25.323. Esto refleja un esfuerzo por simplificar y modernizar el marco legal laboral.

Blanqueo y moratoria laboral: se introducen medidas para regularizar la situación de trabajadores no registrados. Esto incluye un periodo de blanqueo y moratoria para las empresas que decidan regularizar la situación laboral de sus empleados, promoviendo así la formalización del empleo.

Extinciones penales y eliminación de deudas: el proyecto propone la extinción de acciones penales y la eliminación de deudas para las empresas que se adhieran al proceso de regularización laboral, además de la baja en el Registro de Empleadores con Sanciones Laborales.

Discrepancias con propuestas preexistentes: aunque inicialmente se había negociado y acordado una reforma con la Unión Cívica Radical (UCR), el texto final presentado por el Gobierno incluye cambios significativos respecto a esa negociación inicial. La UCR, aunque apoyó el texto en general, expresó su decepción por la inclusión de una propuesta que desplazó a la suya, considerando la del Gobierno menos ambiciosa.