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24 de julio de 2025
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Los fiscales apelaron la prisión domiciliaria y piden que Cristina Kirchner vaya a una cárcel común
Diego Luciani y Sergio Mola se habían opuesto a que la expresidenta permaneciera en su departamento y ahora piden que la Casación les dé la razón. "Tiene un privilegio", denunciaron
30 de junio de 2025
Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola apelaron hoy la decisión del Tribunal Oral Federal 2 que le concedió a Cristina Kirchner la prisión domiciliaria para el cumplimiento de la pena de seis años impuesta en la causa Vialidad.

Luciani y Mola ya habían solicitado que esta excepción no le fuera otorgada a la expresidenta.

Sostuvieron que debía cumplir su pena en la cárcel, pero el tribunal falló en favor del pedido de la defensa y accedió a que permanezca, con tobillera electrónica, en su departamento del barrio de Constitución.

La decisión la tomará la Cámara Federal de Casación, que tiene además pendiente un recurso de la defensa de la expresidenta por las condiciones de su prisión domiciliaria. Los jueces convocaron a las partes a una audiencia.

Luciani y Mola consideraron que “no se verifican las causales” de la prisión domiciliaria de la expresidenta, medida que la dirigente cumple en su departamento en Constitución: “Jamás existieron motivos reales para apartarse de lo que constituye una clara regla del Código Penal y de la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad: la pena de prisión debe cumplirse dentro de un establecimiento penitenciario”.

Mencionaron que “a partir del análisis de las constancias agregadas al expediente y de la presentación analizada” determinaron que “que no se advertían las razones humanitarias que justificaran conceder una medida excepcional como lo es la prisión domiciliaria”.

Explicaron que “no se encontraban configuradas ni esgrimidas razones de salud o razones personales que, vinculadas a la edad” les permitieran “inferir que el encierro carcelario podía afectar el derecho a un trato digno o humanitario reconocido a las personas privadas de su libertad”.

Indicaron que en el informe socioambiental del 12 de junio pasado consignaron que la expresidenta dijo que estaba “en un buen estado de salud general” y que con esa información entendieron que “la defensa no había demostrado –ni se advertía– que la privación de libertad en el establecimiento carcelario supusiera, por sí misma, un menoscabo a la vida o a la integridad personal" de la dirigente.