El Parlamento Europeo decidió este miércoles paralizar el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur y remitir la cuestión al Tribunal de Justicia de la UE, tras una votación realizada en esta ciudad.

La iniciativa fue aprobada por 334 votos a favor y 324 en contra.

La decisión implica que el máximo tribunal del bloque, con sede en Luxemburgo, deberá analizar si el acuerdo firmado recientemente en Paraguay se ajusta a los tratados constitutivos de la Unión Europea.

El resultado de la votación fue recibido con gritos de júbilo por agricultores que protestaban frente a la sede del Parlamento, y lamentado por la Comisión Europea, cuya presidenta, Ursula von der Leyen, firmó el acuerdo el fin de semana pasado con los mandatarios del Mercosur.

De la firma el pasado 18 de enero que formalizaron los cancilleres del Mercosur y los líderes de la Unión Europea participaron también como testigos de honor el presidente Javier Milei, su par de Uruguay, Yamandú Orsi, y el presidente anfitrión, Santiago Peña.

También llegaron a Asunción los presidentes de Bolivia, Rodrigo Paz, y de Panamá, José Mulino, ambos países en distintas etapas de incorporación al bloque sudamericano.

Desde la Comisión Europea cuestionaron la medida. “Según nuestro análisis, las cuestiones planteadas por el Parlamento en esta moción no están justificadas”, afirmó Olof Gill, portavoz del organismo. En tanto, el ejecutivo europeo tiene la opción de aplicar el tratado provisionalmente si así lo desea.

El tratado crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo entre la UE, Brasil, la Argentina, Paraguay y Uruguay, que abarca a más de 720 millones de consumidores.

El acuerdo requiere ahora la aprobación ‌antes de entrar en vigor.

Un grupo de 144 legisladores ya había presentado un recurso ante el Tribunal de Justicia de la UE para que se ⁠pronuncie sobre si el acuerdo puede aplicarse antes de su ratificación plena por todos los ​Estados miembros y si sus disposiciones restringen la capacidad de la UE para establecer políticas medioambientales y de salud de los consumidores. El Tribunal suele tardar unos dos años en emitir tales dictámenes.