Este jueves en Nueva York, las autoridades de la Procuración del Tesoro que representan a la Argentina mantuvieron una audiencia con representantes de Buford Capital en medio del juicio por la expropiación de YPF.

Tras el encuentro, fuentes oficiales aseguraron que “la escalada de presión impulsada por los demandantes ha alcanzado niveles inaceptables”.

El encuentro se dio tras el pedido de sanciones presentado por los demandantes y la solicitud de suspensión del proceso que exige la Argentina. La audiencia ya estaba prevista desde el año pasado.

Sobre las presiones antes mencionadas, en la Procuración del Tesoro aseguraron que “resulta improcedente insistir en requerimientos de información sobre activos que, conforme al derecho interno y al derecho internacional, se encuentran amparados por inmunidades soberanas”.

Y agregaron: “En particular, pretender que se requiera información al Banco Central sobre la locación de sus activos equivaldría a exigir que la Federal Reserve revele al Tesoro estadounidense la composición y localización de sus tenencias, algo claramente inadmisible en cualquier jurisdicción”.

Asimismo, autoridades oficiales indicaron que durante la audiencia el país reafirmó su compromiso de completar la documentación pendiente vinculada a los tópicos previamente acordados, así como de continuar avanzando en el proceso relativo a comunicaciones de ciudadanos que manifestaron su voluntad de cooperación.

“La Argentina continúa demostrando responsabilidad y buena fe en el cumplimiento de sus obligaciones procesales, incluso en paralelo al pedido de suspensión del proceso.

Frente a este nivel de presión, el Estado mantiene una postura firme en la defensa de sus derechos y en la utilización de todas las herramientas legales disponibles”, explicaron fuentes al tanto del encuentro.

Además, desde la representación argentina destacaron que la audiencia permitió reiterar la posición del país respecto de la improcedencia de ciertos requerimientos planteados en el discovery y reafirmar la decisión del Gobierno de actuar con apego a la ley y dentro de los canales institucionales.