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29 de marzo de 2024
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Por José Miguel Onaindia
Una cuestión pendiente: la reforma política
El especialista en Derecho Constitucional considera que las candidaturas independientes -sólo avaladas por ciudadanos, sin intermediación de los partidos- pueden oxigenar el sistema político.
5 de octubre de 2004
Luego del derrumbe institucional de diciembre de 2001, entre cacerolas y protestas múltiples, en un esfuerzo de consenso la denominada Mesa de Diálogo Argentino realizó un temario amplio de las reformas políticas que nuestro sistema requería para su reconstrucción.

Casi tres años después, esas reformas no fueron cumplidas y el apresurado acto electoral de abril de 2003, se realizó bajo el sistema repudiado por la ciudadanía y por las principales organizaciones no gubernamentales dedicadas a la temática.

Es más, ese acto se enturbió aún más con la decisión judicial de la jueza electoral Servini de Cubría en el caso “Menem, Carlos S”, que autorizó la presentación del justicialismo en tres fórmulas distintas y obligó al electorado a dirimir la interna de un partido.

A un año de iniciado el gobierno de base tan endeble, se ha vuelto a anunciar con más ruido que hechos o proyectos concretos, la decisión de impulsar algunas reformas del sistema electoral.

Tampoco se explica por qué no se tratan los numerosos proyectos ya presentados por diversos legisladores en el Congreso de la Nación, que es el órgano que según la Constitución tiene la atribución de desarrollar la función legislativa.

La simpatía que puede despertar el intento tiene que ser cauta y advertir que hay datos diversos que aconsejan la prudencia antes que el apresuramiento. El establecimiento de un sistema democrático sano en un país con amplios sectores que sólo sobreviven por el asistencialismo público o privado y en condiciones de indignidad, es una entelequia y obliga a tomar medidas muy severas que eviten la manipulación de esas masas para torcer, dirigir y anular su capacidad de libre elección.

Esta cuestión indica que no habrá sistema sano que no establezca controles eficientes y sanciones severas para partidos políticos, alianzas, grupos o personas que intenten distribuir beneficios económicos directos o indirectos para conseguir la adhesión del electorado.

Las técnicas no son novedosas: hay que crear nuevos tipos delictivos y establecer sanciones dolorosas para las agrupaciones políticas –pérdida de las ayudas económicas estatales- para quienes cometan o inciten a esas conductas.

Otro tema que no podemos olvidar es el respeto del principio de representación proporcional, puesto que la representación de la diversidad de minorías en el Parlamento permite que este sea el órgano con la pluralidad de voces de la sociedad.

En una sociedad gobernada por aparatos políticos que tienden a convertirse en hegemónicos, la implantación de otros sistemas pone en riesgo el respeto por las minorías, la alternancia en el gobierno y la representación de todos los sectores sociales, de opinión y de intereses.

Los ordenamientos provinciales ofrecen ejemplos alarmantes a este respecto y el reciente caso de Santiago del Estero es una buena muestra de ello. La reforma de la constitución provincial de 1997, mediante un complejo sistema electoral, permitió que un solo partido obtuviera el 75% de las bancas y, por consiguiente, hiciera desaparecer el control de la oposición que es el fundamento del sistema.

Por último, toda reforma electoral debe acompañarse con una modificación de la regulación de los partidos que impongan mejores sistemas de elección de candidatos y transparencia de fondos.

La posibilidad de candidaturas independientes –sólo avaladas por ciudadanos-, sin intermediación de los partidos, puede ser un elemento que lleve a oxigenar nuestro sistema político y a elevar la calidad de los representantes.

No podemos olvidar que el sistema democrático debe ser plural y participativo.En realidad, como afirma Alain Touraine, las democracias no consisten en que el pueblo se siente en el trono, sino en que no haya más trono.