20 de abril de 2024
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Por Aldo Abram
¿Alguien ganó con el conflicto con el campo?
26 de junio de 2008
Por el Lic. Aldo M. Abram, economista, Director General de la Consultora Exante y
Director del Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados de Argentina (CIIMAESEADE) http://www.eseade.edu.ar/ciima/ciima.asp
El conflicto entre el gobierno y el campo ha generado un gran perjuicio a la economía
Argentina. El más evidente es el que afecta a todas las regiones y actividades relacionadas directamente con el agro. Sin embargo, la fuerte caída de la confianza en el gobierno ha afectado muy negativamente las expectativas de los consumidores e inversores y ya se nota el impacto en una desaceleración del crecimiento de la demanda interna. Cabe remarcar que, esta última, absorbe más del 80% de los bienes y servicios producidos en el país; por lo que es ineludible que termine mermando el ritmo de incremento del nivel de actividad y de empleo.
Por otro lado, ni aún sosteniendo el actual sistema de retenciones móviles, pareciese que la recaudación estará entre los beneficiados. La caída de los ingresos tributarios, por menor producción, gasto local y exportaciones, es probable que supere el monto de ingresos adicionales buscados con la medida.
Los bancos son algunos de los otros perdedores; ya que su negocio es la intermediación
financiera. Al caer los depósitos, pierden el insumo esencial para prestar y, además, con estos niveles de incertidumbre tienen menor preferencia a asumir ese riesgo. Por otro lado, es probable que algunos especuladores puedan haber ganado con la suba de tasas y apostando a la baja de los activos financieros locales. No obstante, la mayoría de los inversores deben haber perdido; entre ellos los aportantes que dependemos para nuestra jubilación de los recursos acumulados en las AFJPs.
Parece que es difícil encontrar dentro del país alguien que haya ganado con este conflicto.
Quizás afuera sí los hallemos, todos los que compiten con nuestra eficiente producción
agropecuaria y que se han visto beneficiados por la pérdida de confiabilidad y de competitividad de nuestros exportadores, gracias a las medidas oficiales tomadas contra el sector.
En definitiva, todo el país perdió. Incluso el gobierno; ya que la caída en su credibilidad, que muestran todas las encuestas, ha sido muy fuerte en los últimos meses. En este tren, el costo político que pagará será sumamente alto y podría, de mantenerse la tendencia, determinar una mala performance electoral oficial el año entrante. Más grave aún, de la palabra credibilidad deriva “crédito”. Si bien aún estamos lejos, al ritmo actual de merma de la confianza, a finales de año estaremos en los niveles de finales de 2001 y, probablemente, desaparezca el financiamiento local (el externo ya no existe).
Por ello, es necesario que el gobierno cambie las expectativas y es buena señal que el gobierno haya admitido que las retenciones móviles se discutan en el Congreso. Es el ámbito en el que, según nuestra Constitución Nacional, debió haberse discutido desde un inicio. Seguramente, si esto hubiera sucedido, no habríamos llegado a este conflicto que ya lleva más de 100 días dañando el bienestar de los argentinos.
Esperemos que sea un primer paso hacia una mayor institucionalidad y que hayamos aprendido de la mala experiencia. Si es así, nos ahorraremos muchísimas preocupaciones futuras.
Director del Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados de Argentina (CIIMAESEADE) http://www.eseade.edu.ar/ciima/ciima.asp
El conflicto entre el gobierno y el campo ha generado un gran perjuicio a la economía
Argentina. El más evidente es el que afecta a todas las regiones y actividades relacionadas directamente con el agro. Sin embargo, la fuerte caída de la confianza en el gobierno ha afectado muy negativamente las expectativas de los consumidores e inversores y ya se nota el impacto en una desaceleración del crecimiento de la demanda interna. Cabe remarcar que, esta última, absorbe más del 80% de los bienes y servicios producidos en el país; por lo que es ineludible que termine mermando el ritmo de incremento del nivel de actividad y de empleo.
Por otro lado, ni aún sosteniendo el actual sistema de retenciones móviles, pareciese que la recaudación estará entre los beneficiados. La caída de los ingresos tributarios, por menor producción, gasto local y exportaciones, es probable que supere el monto de ingresos adicionales buscados con la medida.
Los bancos son algunos de los otros perdedores; ya que su negocio es la intermediación
financiera. Al caer los depósitos, pierden el insumo esencial para prestar y, además, con estos niveles de incertidumbre tienen menor preferencia a asumir ese riesgo. Por otro lado, es probable que algunos especuladores puedan haber ganado con la suba de tasas y apostando a la baja de los activos financieros locales. No obstante, la mayoría de los inversores deben haber perdido; entre ellos los aportantes que dependemos para nuestra jubilación de los recursos acumulados en las AFJPs.
Parece que es difícil encontrar dentro del país alguien que haya ganado con este conflicto.
Quizás afuera sí los hallemos, todos los que compiten con nuestra eficiente producción
agropecuaria y que se han visto beneficiados por la pérdida de confiabilidad y de competitividad de nuestros exportadores, gracias a las medidas oficiales tomadas contra el sector.
En definitiva, todo el país perdió. Incluso el gobierno; ya que la caída en su credibilidad, que muestran todas las encuestas, ha sido muy fuerte en los últimos meses. En este tren, el costo político que pagará será sumamente alto y podría, de mantenerse la tendencia, determinar una mala performance electoral oficial el año entrante. Más grave aún, de la palabra credibilidad deriva “crédito”. Si bien aún estamos lejos, al ritmo actual de merma de la confianza, a finales de año estaremos en los niveles de finales de 2001 y, probablemente, desaparezca el financiamiento local (el externo ya no existe).
Por ello, es necesario que el gobierno cambie las expectativas y es buena señal que el gobierno haya admitido que las retenciones móviles se discutan en el Congreso. Es el ámbito en el que, según nuestra Constitución Nacional, debió haberse discutido desde un inicio. Seguramente, si esto hubiera sucedido, no habríamos llegado a este conflicto que ya lleva más de 100 días dañando el bienestar de los argentinos.
Esperemos que sea un primer paso hacia una mayor institucionalidad y que hayamos aprendido de la mala experiencia. Si es así, nos ahorraremos muchísimas preocupaciones futuras.