No es fácil admitir un blanqueo impositivo ni aún cuando pudiera demostrarse que aporta beneficios económicos al conjunto de la comunidad. Hay una objeción moral que no es redimible por sus eventuales efectos materiales. El blanqueo implica un premio para quienes evadieron sus impuestos y por consiguiente y en términos relativos, una burla y un castigo para aquellos que cumplieron con sus obligaciones. Todos los argumentos usados por un gobierno para convencer a los contribuyentes para que paguen sus impuestos, se desvirtúan cuando el propio gobierno pone luego en la categoría de tontos a quienes lo habían escuchado. Los Montoya de este mundo pasan de ser funcionarios heroicos a cínicos burladores. En adelante no habría ningún motivo para hacerles caso.

Pero el blanqueo de capitales y la moratoria de deudas impositivas anunciados por la Presidente son aún más criticables. En primer lugar porque permitirían la extinción de las causas y de los cargos penales que pudieran corresponder por los delitos que hicieron posible acumular dinero negro u originar las deudas impositivas que se benefician. En segundo lugar porque se espera un magro resultado, tanto en el ingreso de divisas como en la recaudación fiscal. Estas dos circunstancias han dado espacio para que aparezcan muchas voces argumentando la presunción de que el verdadero motivo de estas medidas no sea económico ni fiscal, sino el de poner a salvo de futuras investigaciones y condenas a personas del entorno del poder K que se habrían enriquecido con actos de corrupción o con negocios facilitados desde el propio gobierno. Si verdaderamente no fuera éste el propósito, tenemos que aceptar que el kirchnerato ha dado motivos y argumentos suficientes para que esta sospecha haya surgido de inmediato. No bien algunos juristas explicaron que con esta nueva ley podrían zafar los acusados por el caso Skanska y otros, la crítica a la medida se ha generalizado.

El blanqueo de capitales no es condición suficiente para que éstos ingresen al circuito formal. Para ello debe haber confianza, pero no la hay en la Argentina. No hay seguridad jurídica bajo un gobierno que ha demostrado no tener ningún respeto por el derecho de propiedad. Pocos días atrás se confiscaron los fondos de las cuentas individuales de los aportantes a la jubilación privada. Hace algunas semanas un conjunto de diputados oficialistas presentó un proyecto de ley para eliminar la exención del impuesto a las ganancias de los intereses de depósitos bancarios y de las utilidades por ventas de acciones de personas físicas. Además propone elevar la alícuota máxima del impuesto desde el 35% al 39% y reimplantar el impuesto a la herencia. Más no se le podría haber ocurrido al kirchnerismo para ahuyentar capitales. Una verdadera contradicción con los propósitos expresados con este proyecto de blanqueo. Por todo esto pensamos que no serán muchos los que decidan acogerse a esta ley y paguen para regularizar capitales no declarados. Debe considerarse además que quienes lo hicieran tendrían altas probabilidades de aparecer públicamente en listas que trascenderían al periodismo; algunos para gusto del kirchnerato y otros del post kirchnerato. El escrache será siempre un deporte nacional.

Algunos legisladores no oficialistas que han acompañado regularmente al kirchnerismo y que lo hicieron recientemente en la confiscación de los fondos jubilatorios, ya han anunciado que rechazarán el blanqueo. Aún a aquellos del oficialismo que practican la obsecuencia debida, se los percibe hoy en dificultades para justificar su apoyo. Nadie quiere quedar expuesto cuando todos estos hechos sean sometidos a investigación en el post kirchnerismo. No debiera extrañar que esta ley sea modificada en su paso por el parlamento a fin de poder lograr su aprobación y para no entrar en conflicto con las normas internacionales que previenen el lavado de dinero. Lo sabremos en los próximos días.

Manuel A. Solanet