Hace poco tiempo se levantaron voces escandalizadas frente al Informe de Transparencia Internacional que sitúa a los partidos políticos de América Latina entre los más corruptos del mundo y deja a la Argentina en el segundo lugar.

Otros tuvieron la actitud de esconder la cabeza bajo tierra como el avestruz animándose incluso a cuestionar a la organización generadora del Informe. Pocos lo asumieron como explicitación de una percepción social imposible de negar.

En distintos barrios de la Capital y el Gran Buenos Aires, cientos de niños hacen piruetas frente a los automovilistas detenidos en los semáforos, limpian parabrisas o ayudan a sus familias en la tarea del cartoneo, entre otras actividades que sin duda constituyen una forma de trabajo infantil, declarado ilegal y repudiado en toda práctica discursiva.

Hace menos días aún, el dolor por la tragedia en un boliche de Once, desenmascaró la falta de controles del Estado y la irresponsabilidad empresarial de quienes sobreponen la rentabilidad de su negocio a la prevención de los riesgos de su clientela.

Hubo demasiada especulación en la asignación de culpas y también en el intento de liberarse de ellas.

Podríamos mencionar muchas otras situaciones que demuestran una visión parcial o superficial de los problemas, como si no nos animáramos a reconocer la raíz misma del conflicto que existe hoy en la Argentina y en los otros países de la región.

No es casual que la referencia a la corrupción de la política recaiga en los mismos países donde la brecha existente entre los que más y menos reciben de la renta total, es más grande.

En nuestro territorio, el 20% más rico se queda con el 53,3% de los ingresos totales; mientras que el 20% más bajo recibe sólo el 3,8%.

Lo impactante de la comparación no ha merecido sin embargo suficiente atención por parte de la misma sociedad que reaccionará con fuerza si mañana secuestraran al hijo de un gran empresario (Dios y el Estado no lo permitan) pero tolera pasivamente la violencia de cualquier origen contra los niños pobres.

No estoy pretendiendo una reacción clasista al problema central de la Argentina.

Estoy tratando de desnudar el centro de nuestro conflicto: la desigualdad.

Frente a la cual hace falta una sociedad que reaccione frente a la forma en que viven muchos compatriotas en una nación que exporta miles de millones de dólares por año en recursos propios de nuestro suelo: su producción agrícola y pueda hacer de esta riqueza una herramienta de desarrollo social equitativo.

Del mismo modo que tenemos que recuperar capacidad de indignación e intolerancia frente a la transgresión y al incumplimiento de la ley, la norma y la palabra, porque éste es el primer paso hacia la corrupción.

Las sociedades más desarrolladas, incluso aquellas que han alcanzado ese nivel desde orígenes y recursos similares a los nuestros, como el caso de Nueva Zelanda, han consolidado el trípode con un Estado presente y fuerte; un Sector Privado igualmente comprometido y apoyado en la Producción y el Empleo; y la Educación, el Conocimiento, la Ciencia y la Técnica como tercera pata sin la cual la construcción no tendría sustento.

Pero a todo esto agregan un marco de certezas individuales basadas en la igualdad de oportunidades, y de seguridad general que brinda el cumplimiento estricto de las normas, sin privilegios ni discriminaciones, por parte de todos los miembros de la comunidad.

La Argentina está viviendo un tiempo histórico. Aunque sería un error que alguno quisiera convertirse en prócer por encumbrado que fuera el cargo que ejerce justamente en este tiempo.

Todos debemos, asumiendo la responsabilidad con las dimensiones que a cada uno corresponde, poner un punto de inflexión para recuperar una cultura de valores humanos y morales orientados por la visión, no paternalista sino inclusiva, de una sociedad más justa.