24 de abril de 2024
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Por Hugo Martini
Un nuevo dirigente político
19 de abril de 2009
Un Juez de la Corte Suprema ha decidido actuar en política. Raúl Zaffaroni tiene títulos profesionales, prestigio personal, excelencia académica y acreditada experiencia. Supera, sin esfuerzo, el promedio de calidad de los dirigentes políticos de la Argentina. El único problema es que es uno de los siete miembros titulares de uno de los tres poderes del Estado – el Judicial- y se supone que habla, o debería hablar, solo a través de acordadas y fallos de este alto tribunal.
El Juez Zaffaroni acaba de entrar al ruedo político con la decisión de un líder partidario. Ha realizado dos declaraciones que prueban esta afirmación:
1-"Mire, hoy en día, se aplican penas sin proceso penal; entonces, lo que la Constitución nos está exigiendo es que se les haga [a los menores] un proceso penal. Lo primero que hay que hacer es probarle al pibe que hizo lo que se le imputa que hizo. Lo que yo propongo es poner la situación acorde con la Constitución y juzgar a los menores desde los 14 años. (La Nación 13 de abril 2009).
2-"El sistema presidencialista está agotado y habría que pasar a un sistema parlamentarista. Todo esto que estamos viendo de candidaturas testimoniales, de funcionarios que se presentan como candidatos, de gente que se sale de un partido y que forma otro, o que se alía con otro, creo que la política real que estamos viviendo está superando la institucionalización. Son todos manejos y hechos que serían normales en un sistema parlamentario, incluso hasta el adelantamiento de elecciones. La política está pasando por encima el sistema presidencialista". (La Nación 14 de abril 2009).
En la primera propuesta se debería sancionar una ley al respecto y en el segundo reformar la Constitución Nacional. En ambas decisiones debe intervenir el Poder Legislativo: para sancionar la ley y para convocar a una Asamblea para la reforma. Si en el procedimiento de la sanción y la reforma se presentara un conflicto de poderes o cualquier otra materia o cuestión de inconstitucionalidad la Suprema Corte decidiría como tribunal de última instancia.
El reiterado tema de la defensa de las instituciones obliga a formular algunas preguntas inoportunas:
¿Volvería a sentarse como Juez de la Corte y votaría en estos dos temas como el resto de los miembros?
¿Qué valor tiene la palabra de un miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuando opina sobre temas que no tiene nada que ver con el ejercicio de sus funciones?
¿Qué valor legal tendrá el fallo de un Juez sobre un asunto concreto cuando ya adelantó opinión en términos académicos o ideológicos?
El mensaje de esta Carta dice que no es bueno –en defensa de las instituciones- que los jueces participen en la vida política.
Aunque compartamos las ideas que proponen.
El Juez Zaffaroni acaba de entrar al ruedo político con la decisión de un líder partidario. Ha realizado dos declaraciones que prueban esta afirmación:
1-"Mire, hoy en día, se aplican penas sin proceso penal; entonces, lo que la Constitución nos está exigiendo es que se les haga [a los menores] un proceso penal. Lo primero que hay que hacer es probarle al pibe que hizo lo que se le imputa que hizo. Lo que yo propongo es poner la situación acorde con la Constitución y juzgar a los menores desde los 14 años. (La Nación 13 de abril 2009).
2-"El sistema presidencialista está agotado y habría que pasar a un sistema parlamentarista. Todo esto que estamos viendo de candidaturas testimoniales, de funcionarios que se presentan como candidatos, de gente que se sale de un partido y que forma otro, o que se alía con otro, creo que la política real que estamos viviendo está superando la institucionalización. Son todos manejos y hechos que serían normales en un sistema parlamentario, incluso hasta el adelantamiento de elecciones. La política está pasando por encima el sistema presidencialista". (La Nación 14 de abril 2009).
En la primera propuesta se debería sancionar una ley al respecto y en el segundo reformar la Constitución Nacional. En ambas decisiones debe intervenir el Poder Legislativo: para sancionar la ley y para convocar a una Asamblea para la reforma. Si en el procedimiento de la sanción y la reforma se presentara un conflicto de poderes o cualquier otra materia o cuestión de inconstitucionalidad la Suprema Corte decidiría como tribunal de última instancia.
El reiterado tema de la defensa de las instituciones obliga a formular algunas preguntas inoportunas:
¿Volvería a sentarse como Juez de la Corte y votaría en estos dos temas como el resto de los miembros?
¿Qué valor tiene la palabra de un miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuando opina sobre temas que no tiene nada que ver con el ejercicio de sus funciones?
¿Qué valor legal tendrá el fallo de un Juez sobre un asunto concreto cuando ya adelantó opinión en términos académicos o ideológicos?
El mensaje de esta Carta dice que no es bueno –en defensa de las instituciones- que los jueces participen en la vida política.
Aunque compartamos las ideas que proponen.