La Argentina vuelve a ver en juego la calidad de sus instituciones. El huracán que se ha desatado en torno del Presidente del Banco Central ha dejado al descubierto la poca conciencia que, quienes nos gobiernan (no sólo los actuales, sino también los de
anteriores gestiones), tienen sobre el concepto de democracia republicana que manda nuestra Constitución Nacional.

En el día de la fecha hemos leído que:

a) "El jefe de Gabinete hizo un detallado relato de la reunión que mantuvo esta mañana con Redrado en la que le pidió que efectivizara la dimisión que, según él, ya había puesto a disposición de la Presidenta "en reiteradas oportunidades"".

b) "Redrado ha asumido posiciones económicas que no tienen que ver con la política económica del Gobierno. En este país, las decisiones las toma la Presidenta y no el presidente del Banco Central", lanzó Fernández en declaraciones a C5N.

c) "Martín Redrado tiene una trayectoria, ha llevado adelante tareas en el BCRA y hoy ha terminado su función", declaró el Ministro de Economía.

Según la Carta Orgánica del Banco Central, que es una ley, este organismo es independiente del Poder Ejecutivo. Es decir no puede recibir órdenes de este último, ni sus funcionarios forman parte del gobierno; por lo que tampoco la Presidente les puede pedir la renuncia o nombrarlos a su antojo. El mandato de sus directores
está fijado y solamente pueden ser removidos por el Congreso, ante un pedido formal en ese sentido.

Por otro lado, es cierto que la gente votó a la Presidente Cristina Fernández de Kirchner para que decida las políticas que se van a seguir desde el gobierno; pero dentro de los límites, para el ejercicio de sus funciones, que fija la Constitución
Nacional. En ella, se establece el principio republicano de división de poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y los manda controlarse entre ellos para que no excedan esas restricciones.

Por lo tanto, la Presidente no puede estar por encima del Estado de Derecho e, incluso, en este caso, incumplir lo que rige en la Ley de Carta Orgánica del Banco Central. En 2006, para modificar esta última, se necesitó adicionar el aval del Congreso al DNU con el que se ordenó el pago de la deuda con el FMI con
reservas de "libre disponibilidad" y se restringió su uso al pago de vencimientos con organismos internacionales.

Dado que el Fondo del Bicentenario se constituye para abonar pasivos en divisas, incluyendo a los de acreedores privados, por lo menos, esto último debería contar con el aval del Congreso.

Cuando asumió, el Presidente del Banco Central, Martín Redrado, juró atenerse a la ley y a lo que manda la Carta Orgánica de la institución. Por lo tanto, si transfiriese los recursos al gobierno y luego la Corte Suprema dictaminara que el DNU no es acorde a Derecho y el Congreso no lo avalara, habría incumplido con sus deberes de funcionario público y no sólo cabría la destitución, sino que debería enfrentar a la Justicia.

Por otro lado, si decidiera ceder a las presiones del Poder Ejecutivo y renunciar, estaría faltando a la responsabilidad asumida con el conjunto de los argentinos cuando aceptó su cargo, que es defender la independencia del Banco Central y ver que sus reservas se utilicen en el marco de la ley.

Por lo tanto, si la decisión de Redrado es mantenerse en el cargo y transferir los recursos para el Fondo del Bicentenario cuando se cumplan plenamente los requisitos legales, los argentinos tenemos la responsabilidad cívica de apoyarlo y exigir
al PEN que se atenga a lo que manda la ley.

Empero, nuestro deber como ciudadanos no termina allí sino que, además, exige que empecemos a demandarle a la Presidente, sus funcionarios y a los legisladores que respeten los límites de sus funciones y que las asuman plenamente, según manda la Constitución Nacional.

Además, dado que es una embestida que vendrá, hay que defender la autonomía del Banco Central; ya que transformarlo en una dependencia del gobierno implica abrir "canilla libre" al financiamiento inflacionario del gasto público. Cabe recordar que
el impuesto inflacionario lo pagamos todos; pero,proporcionalmente, afecta más a los sectores pobres.

- Aldo Abram es director del Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados de Argentina (CIIMA).