Se conoció el superávit primario de octubre, de 2.142 millones de pesos, que nos pone en camino a un ahorro para todo el año de más de 23.000 millones. Es decir, un más que sólido 3,5 por ciento del PBI.

Si bien es cierto que el porcentaje viene cayendo desde el 3,9 por ciento en 2004 y que seguramente lo seguirá haciendo en los años venideros, su crecimiento en moneda corriente continuará garantizando la solvencia fiscal en los próximos años.

El gran problema es que el gasto público nacional primario (sin incluir pagos de intereses de la deuda) en término del PBI está en el máximo de los últimos, por lo menos, 15 años y seguirá aumentando.

Por lo tanto, el ahorro se logró gracias a una presión tributaria sobre los empresarios y trabajadores que se ubica hoy a niveles récord histórico, rondando el 23 por ciento del PBI, y con perspectivas de seguir subiendo en 2007.

Si bien es cierto que parte del aumento de la recaudación se debe a la inflación y a la recuperación del nivel de actividad, otra se debe a un enorme "impuestazo".

Los más evidentes son las retenciones o impuestos sobre las exportaciones, y el llamado gravamen a la operatoria en cuentas a la vistas.

Sin embargo, en esta nota nos dedicaremos a un incremento de tributos encubierto que surgió al prohibir la actualización por inflación de los balances o la de los mínimos no imponibles y deducciones que aplican los trabajadores para el cálculo del
impuesto a las Ganancias en un contexto de alta inflación.

Las empresas han estado abonando impuestos a las Ganancias sobre beneficios inexistentes que solamente son el reflejo de la revalorización nominal de sus activos o de sus inventarios de insumos o productos.

Es más, puede haber casos en que, a pesar de tener pérdidas en su operación, hayan terminado pagando "Ganancias" por la revalorización inflacionaria de sus activos.

A nivel de los trabajadores en relación de dependencia o independientes, la no actualización de los mínimos no imponibles o de las deducciones funciona igual.

Incluso hoy, luego de la fuerte recuperación nominal de los salarios formales de los últimos años, debe haber muchos trabajadores que no han recuperado el poder adquisitivo anterior a la devaluación; pero, sin embargo, pagan una proporción mayor que entonces de su sueldo en impuesto a las ganancias. Son más pobres, pero contribuyen más.

Sin lugar a dudas, son justos los reclamos de los trabajadores y de los empresarios para que se tenga en cuenta la inflación a la hora de determinar el impuesto a las Ganancias a pagar.

El país necesita reformar su sistema tributario, que hoy tiene una enorme participación de impuestos distorsivos, para ir a uno más eficiente y equitativo.

Parte de lo que aumenta la recaudación podría usarse para ello y para alivianar el peso sobre los que hoy pagan, dado que somos más los que contribuimos y entre los que se puede repartir el sostenimiento del Estado.

Sin embargo, no hay voluntad del gobierno en ese sentido; ya que creen que el motor del crecimiento es el sector público.

O sea que sacarle un peso al sector privado y gastarlo desde el Estado genera crecimiento. Entonces ¿por qué dejárselo? Lamentablemente, poco a poco, el gobierno va cediendo y realizando reformas parciales y aisladas ante reclamos que
plantean altos costos políticos, como el que recientemente consiguieron los trabajadores petroleros.

Sin embargo, es difícil que podamos llegar a un sistema impositivo eficiente y justo realizando "parches" obligados y sin convicción ni planeamiento de largo plazo.