Por algún motivo, los argentinos no damos gran importancia a las instituciones. Puede que esto ocurra debido a nuestra historia que fue signada por un período colonial y, luego, a partir de nuestra independencia, por un fuerte caudillismo. Más allá de que a partir de mediados del siglo XIX, el país buscó organizarse institucionalmente, esto fue liderado por una clase dirigente que se había formado con esas nacientes ideas republicanas y democráticas venidas de Europa. Sin embargo, el mar de fondo del personalismo y la necesidad de tener liderazgos fuertes continuó.

Lamentablemente, con el tiempo estas tendencias fueron derivando hacia gobiernos populistas y paternalistas; lo cual era inconsistente con el concepto democrático y republicano de gestión instituido en nuestra Constitución Nacional. A lo largo de nuestra historia, los argentinos hemos votado políticos o apoyado gobierno militares a los que les cedíamos un poder ilimitado con el fin de que pudieran resolver los problemas que enfrentaba el país.

Sin darnos cuenta, al apoyar gobiernos paternalistas perdimos nuestra calidad de ciudadanos, cediendo nuestros derechos para que otros tomen las decisiones por nosotros, dando muestra de una tremenda irresponsabilidad e inmadurez cívica. No es raro que hayamos tenido una lamentable historia de golpes de estado y gobiernos democráticos fallidos.

En 1983, la Argentina retorna a la democracia, luego de una dolorosa experiencia de gobierno militar. De la peor manera, esto nos hizo comprender que los gobiernos militares no son mejores que los malos gobiernos civiles. En democracia uno puede votar a sus representantes y mandatarios, cambiarlos si no satisfacen las expectativas y ponerle algún límite al ejercicio del enorme poder delegado. Esto fue un gran paso en términos del aprendizaje cívico, que nos permitió sortear exitosamente, movimientos militares sediciosos, hiperinflaciones, recesiones y crisis institucionales sin romper con el orden constitucional.

Pues bien, hoy elegimos a nuestros gobernantes pero seguimos confiando que con el poder que le delegamos (como si fueran mágicos) deben resolver los problemas de la gente. No nos hacemos cargo de nuestra responsabilidad ciudadana de controlarlos y, de hecho, exigimos las soluciones bajo la convicción de que el fin justifica los medios. Este último disvalor está profundamente inserto en nuestra cultura y a ello responde gran parte de las violaciones de derechos, libertades e instituciones; además, de la omnipresente corrupción.

Allí es donde la democracia argentina se queda renga y se transforma en un mero ejercicio electoral periódico en el que designamos a quienes les delegaremos el poder absoluto por un tiempo determinado. Le falta el sólido pilar de la república; por lo menos tan importante como el concepto de democracia.

El principio republicano exige una división del poder que delegan los ciudadanos entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, así no se concentra en una sola persona o institución; lo cual implicaría otorgar la suma del poder público. Además, obliga a cada poder cumplir con las funciones que les delegamos dentro de las restricciones para su ejercicio que le impone la Constitución Nacional. Si bien este control es también responsabilidad del ciudadano, lo es primariamente de los mismos poderes que deben monitorearse mutuamente para ver que los otros no se extralimiten en el uso de sus facultades.

Sin embargo, en la Argentina, nos parece normal que el Congreso le delegue al Poder Ejecutivo la posibilidad de legislar por decreto de necesidad y urgencia. Esto a pesar de estar expresamente prohibido por la actual Constitución Nacional y haberse superado los condicionantes que permitieron postergar transitoriamente el otorgamiento de esta facultad. Tampoco nos parece grave que nuestros legisladores le deleguen al Jefe de Gabinete la posibilidad de cambiar por Decreto en qué se van a gastar nuestros impuestos, cambiando el destino aprobado en la ley de Presupuesto. Parece raro que nuestros legisladores cedan, tan fácilmente, las facultades que les otorga la Constitución. Sin embargo, se puede entender desde el momento que comparten la cultura general de los argentinos que considera que es el Presidente el que tiene la responsabilidad primaria de resolver los problemas; por lo que es lógico cederle todos los instrumentos necesarios. Por ello, este criterio es compartido por oficialismo y oposición; ya que estos últimos actuarían igual si estuvieran en el gobierno.

Lamentablemente, esto le da una tremenda volatilidad a las políticas de Estado, al hacerlas depender del Mandatario de turno. En los países avanzados y estables, es en el Congreso donde se discuten y se establecen por consenso las estrategias de largo plazo. De esta forma, al participar en su gestación tanto el oficialismo como la oposición, estas permanecen en el tiempo cuando los roles se invierten. Estas marchas y contramarchas implican una enorme pérdida de esfuerzos y recursos de la sociedad.

Por otro lado, en las repúblicas, la Justicia es la encargada de proteger los derechos de los ciudadanos de las violaciones en las que puedan incurrir los otros poderes por utilizar sus facultades sin atenerse a las restricciones impuestas por la Constitución. Lamentablemente, muchos jueces son participes de la concepción generalizada de que el gobierno puede hacer un uso hegemónico del poder y tienden a admitir el avasallamiento de los límites de sus facultades o de derechos e instituciones en pos de la solución de problemas que consideran críticos. Es decir, nuevamente, el fin justifica los medios y no se contempla la posibilidad de que dichas situaciones pudieron resolverse dentro del marco de la Constitución Nacional.

Por otro lado, el poder político considera que la Justicia no tiene que interferir o limitar su gestión; lo cual interpretan como una incursión en facultades que son propias. Por ello, de una u otra forma, todos los gobiernos han intentado controlar al poder judicial; ya sea a través de las modificaciones de número o cambio de miembros de la Corte Suprema u otros niveles de jueces o imponiendo una mayoría política en el Consejo de la Magistratura que presione a los jueces en defensa de sus intereses.

Esta es una breve reseña de los desafíos que debemos enfrentar los argentinos en materia de cambio cultural. Es muy difícil que podamos elegir políticos respetuosos de los derechos e instituciones que establece nuestra Constitución Nacional, si nosotros mismos no los valoramos. Si para nosotros el fin justifica los medios, los políticos que surgen de nuestra sociedad tenderán a pensar igual. El cambio tiene que venir desde las bases y gestarlo es responsabilidad de la dirigencia intelectual, profesional y empresaria. El CIIMA nace con la vocación de asumir este compromiso con la sociedad, convencidos de que es el único camino para que podamos construir un país que le brinde bienestar a todos sus residentes.