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Abuso sexual: condenas de 42 y 45 años a los curas del Provolo
Es por atacar sexualmente a varios alumnos. También un jardinero fue hallado culpable. Se probaron 20 agresiones a víctimas de 5 a 17 años
26 de noviembre de 2019
El horror volvió a quedar en primer plano luego de que, a tres años de la primera denuncia, la Justicia sentenció a los sacerdotes Horacio Corbacho y Nicola Corradi a más de cuatro décadas en la cárcel tras hallarlos culpables de al menos 20 casos de violación a chicos sordos en el Instituto Antonio Provolo de Mendoza.
Un jardinero de la institución recibió una pena de 18 años.
Los ataques ocurrieron a chicos de 5 a 17 años ocurrieron entre 2005 y 2016.
Los condenados recibieron la sentencia en silencio. Y las víctimas celebraron con una suelta de globos lo que consideraron un “fallo ejemplar”.
Desde 2017 el Vaticano investiga lo ocurrido y todavía no se expidió, fiel a los tiempos de la Iglesia que casi siempre llegan tarde y mal. La sentencia a los religiosos Horacio Corbacho (45 años de cárcel) y Nicola Corradi (42 años), y al jardinero Armando Gómez (18 años), imputados por 20 hechos de abusos sexuales y como responsables de la guarda de los menores, tiene impacto mundial: fue la primera vez que son enjuiciados, tras 50 años de denuncias de violaciones, abuso sexual, maltratos y corrupción de menores, los sacerdotes de esta orden religiosa con sedes en La Plata, Mendoza y Verona (Italia).
La sentencia del Tribunal Penal Colegiado 2, formado por Carlos Díaz, Mauricio Juan y Aníbal Crivelli, obligó además al Ministerio de Salud de Mendoza a dar tratamiento psicológico a las víctimas y a llevar a cabo una serie de medidas reparadoras, como la mayor difusión de la enseñanza de la lengua de señas en los colegios.
Al escuchar el veredicto condenatorio, los tres acusados se mostraron callados, con la mirada baja, inmutables. Dentro de la sala estaban las víctimas y sus familiares. Los ex alumnos expresaron su emoción con los brazos en alto y el vaivén de sus manos como si fuera la balanza de la Justicia, que en lengua de señas simboliza haber alcanzado la verdad.
Los adolescentes y jóvenes del Provolo, que hoy tienen entre 14 y 30 años, dejaron la sala abrazados, llorando, y eufóricos por tanta emoción contenida.
"Los tres fueron culpables. Estoy feliz y orgullosa de haber luchado y he visto que se hizo Justicia. Ahora soy más fuerte", dijo la denunciante inicial de la causa, una joven hipoacúsica de 28 años que tiene una hija de 2.
El fiscal Gustavo Stroppiana consiguió una sentencia cercana a su pedido: 45 años para Corbacho, 42 para Corradi (había pedido también 45) y 18 para Gómez (había solicitado 22 y medio). "Estamos conformes con el fallo porque quedó demostrado que estos hechos estaban acreditados", aseguró. Y destacó la labor de los intérpretes de señas, que fueron cuestionados por la defensa: "Se ha reafirmado la labor de los intérpretes y la veracidad de las declaraciones de los chicos".
La responsabilidad de la Iglesia quedó al descubierto cuando se supo que el cura Corradi ya había sido señalado por delitos similares en el Instituto Antonio Provolo de Verona, sin que fuera juzgado, y que el Papa Francisco había sido notificado de que el religioso dirigía un centro similar en Argentina.
"Esperamos la respuesta de la Iglesia Católica a este fallo, que hasta ahora no ha querido colaborar ni denunciar los hechos", dijo el abogado de la ONG Xumek, Sergio Salinas. Ayer, en el Arzobispado de Mendoza, se solidarizaron con las víctimas a través de un comunicado (ver página 4). Francisco nunca se ha pronunciado en público sobre el caso. Sin embargo, la Iglesia abrió una investigación canónica para juzgar a los dos sacerdotes y envió en 2017 a dos vicarios.
Uno de ellos, el vicario judicial Dante Simón, dijo entonces a The Associated Press que los hechos denunciados eran “horribles” y “más que verosímiles”. A dos años del inicio, el sumario de la Iglesia no ha tenido resolución y sigue en proceso de investigación.
Corradi también está imputado en la justicia de la provincia de Buenos Aires por presuntos abusos en el Instituto Próvolo de La Plata. A ese centro fue a parar el sacerdote, a finales de la década de 1980, cuando fue trasladado desde Verona y, luego, destinado a Mendoza en la década de 1990. Familiares de las víctimas de Mendoza apuntaron que los traslados de Corradi obedecerían a la reiterada práctica de la Iglesia de cambiar de un lugar a otro a los curas denunciados.
El tribunal condenó a Corbacho por 13 hechos, que incluyen "abusos sexuales agravados con y sin acceso carnal y corrupción de menores", y a Corradi por cinco hechos de "abuso sexual y corrupción de menores".
En ambos casos las penas están agravadas por el "carácter de ministro de culto y por ser los encargados de la guarda de los menores de 18 años". En tanto, Gómez fue hallado culpable por dos casos de abusos sexuales de menores. El debate, que comenzó el 5 de agosto y demandó 49 jornadas, contó con la participación de intérpretes de lenguaje de señas. Psicólogos y psiquiatras que declararon ante el tribunal coincidieron en señalar que los testimonios de las víctimas eran "coherentes y verosímiles".
Los casos denunciados ocurrieron entre 2005 y 2016, cuando las víctimas tenían entre 5 y 17 años. La mayoría de los chicos abusados provenían de familias de escasos recursos, de pueblos alejados, de San Luis, y hasta una víctima era de Misiones.
Eran dejados por su familias como pupilos. Los curas y directivos del Provolo reclutaban a los chicos con el argumento de que era un instituto modelo en el que se enseñaba el lenguaje oral y se dejaba de lado la lengua de señas.
“Esa técnica terminó siendo una trampa porque a los chicos no los dejaban comunicarse con su lengua original (de señas)”, explicó Ariel, papá de una de las víctimas.
El 25 de noviembre de 2016 llegó a la Justicia mendocina la denuncia contra dos curas y tres ex administrativos como autores de abusos sexuales en el interior del Provolo. En otros dos expedientes, que aún esperan la elevación a juicio, están acusadas dos monjas y el personal administrativo y docente del Provolo.
El fiscal confirmó que los tres condenados seguirán detenidos como hasta ahora: Corradi con prisión domiciliaria, beneficio que logró por sus problemas de visión y motrices; mientras que Corbacho y Gómez están recluidos en la pabellón 5 de abusadores sexuales de la cárcel de Boulogne Sur Mer, en la ciudad de Mendoza.
Un jardinero de la institución recibió una pena de 18 años.
Los ataques ocurrieron a chicos de 5 a 17 años ocurrieron entre 2005 y 2016.
Los condenados recibieron la sentencia en silencio. Y las víctimas celebraron con una suelta de globos lo que consideraron un “fallo ejemplar”.
Desde 2017 el Vaticano investiga lo ocurrido y todavía no se expidió, fiel a los tiempos de la Iglesia que casi siempre llegan tarde y mal. La sentencia a los religiosos Horacio Corbacho (45 años de cárcel) y Nicola Corradi (42 años), y al jardinero Armando Gómez (18 años), imputados por 20 hechos de abusos sexuales y como responsables de la guarda de los menores, tiene impacto mundial: fue la primera vez que son enjuiciados, tras 50 años de denuncias de violaciones, abuso sexual, maltratos y corrupción de menores, los sacerdotes de esta orden religiosa con sedes en La Plata, Mendoza y Verona (Italia).
La sentencia del Tribunal Penal Colegiado 2, formado por Carlos Díaz, Mauricio Juan y Aníbal Crivelli, obligó además al Ministerio de Salud de Mendoza a dar tratamiento psicológico a las víctimas y a llevar a cabo una serie de medidas reparadoras, como la mayor difusión de la enseñanza de la lengua de señas en los colegios.
Al escuchar el veredicto condenatorio, los tres acusados se mostraron callados, con la mirada baja, inmutables. Dentro de la sala estaban las víctimas y sus familiares. Los ex alumnos expresaron su emoción con los brazos en alto y el vaivén de sus manos como si fuera la balanza de la Justicia, que en lengua de señas simboliza haber alcanzado la verdad.
Los adolescentes y jóvenes del Provolo, que hoy tienen entre 14 y 30 años, dejaron la sala abrazados, llorando, y eufóricos por tanta emoción contenida.
"Los tres fueron culpables. Estoy feliz y orgullosa de haber luchado y he visto que se hizo Justicia. Ahora soy más fuerte", dijo la denunciante inicial de la causa, una joven hipoacúsica de 28 años que tiene una hija de 2.
El fiscal Gustavo Stroppiana consiguió una sentencia cercana a su pedido: 45 años para Corbacho, 42 para Corradi (había pedido también 45) y 18 para Gómez (había solicitado 22 y medio). "Estamos conformes con el fallo porque quedó demostrado que estos hechos estaban acreditados", aseguró. Y destacó la labor de los intérpretes de señas, que fueron cuestionados por la defensa: "Se ha reafirmado la labor de los intérpretes y la veracidad de las declaraciones de los chicos".
La responsabilidad de la Iglesia quedó al descubierto cuando se supo que el cura Corradi ya había sido señalado por delitos similares en el Instituto Antonio Provolo de Verona, sin que fuera juzgado, y que el Papa Francisco había sido notificado de que el religioso dirigía un centro similar en Argentina.
"Esperamos la respuesta de la Iglesia Católica a este fallo, que hasta ahora no ha querido colaborar ni denunciar los hechos", dijo el abogado de la ONG Xumek, Sergio Salinas. Ayer, en el Arzobispado de Mendoza, se solidarizaron con las víctimas a través de un comunicado (ver página 4). Francisco nunca se ha pronunciado en público sobre el caso. Sin embargo, la Iglesia abrió una investigación canónica para juzgar a los dos sacerdotes y envió en 2017 a dos vicarios.
Uno de ellos, el vicario judicial Dante Simón, dijo entonces a The Associated Press que los hechos denunciados eran “horribles” y “más que verosímiles”. A dos años del inicio, el sumario de la Iglesia no ha tenido resolución y sigue en proceso de investigación.
Corradi también está imputado en la justicia de la provincia de Buenos Aires por presuntos abusos en el Instituto Próvolo de La Plata. A ese centro fue a parar el sacerdote, a finales de la década de 1980, cuando fue trasladado desde Verona y, luego, destinado a Mendoza en la década de 1990. Familiares de las víctimas de Mendoza apuntaron que los traslados de Corradi obedecerían a la reiterada práctica de la Iglesia de cambiar de un lugar a otro a los curas denunciados.
El tribunal condenó a Corbacho por 13 hechos, que incluyen "abusos sexuales agravados con y sin acceso carnal y corrupción de menores", y a Corradi por cinco hechos de "abuso sexual y corrupción de menores".
En ambos casos las penas están agravadas por el "carácter de ministro de culto y por ser los encargados de la guarda de los menores de 18 años". En tanto, Gómez fue hallado culpable por dos casos de abusos sexuales de menores. El debate, que comenzó el 5 de agosto y demandó 49 jornadas, contó con la participación de intérpretes de lenguaje de señas. Psicólogos y psiquiatras que declararon ante el tribunal coincidieron en señalar que los testimonios de las víctimas eran "coherentes y verosímiles".
Los casos denunciados ocurrieron entre 2005 y 2016, cuando las víctimas tenían entre 5 y 17 años. La mayoría de los chicos abusados provenían de familias de escasos recursos, de pueblos alejados, de San Luis, y hasta una víctima era de Misiones.
Eran dejados por su familias como pupilos. Los curas y directivos del Provolo reclutaban a los chicos con el argumento de que era un instituto modelo en el que se enseñaba el lenguaje oral y se dejaba de lado la lengua de señas.
“Esa técnica terminó siendo una trampa porque a los chicos no los dejaban comunicarse con su lengua original (de señas)”, explicó Ariel, papá de una de las víctimas.
El 25 de noviembre de 2016 llegó a la Justicia mendocina la denuncia contra dos curas y tres ex administrativos como autores de abusos sexuales en el interior del Provolo. En otros dos expedientes, que aún esperan la elevación a juicio, están acusadas dos monjas y el personal administrativo y docente del Provolo.
El fiscal confirmó que los tres condenados seguirán detenidos como hasta ahora: Corradi con prisión domiciliaria, beneficio que logró por sus problemas de visión y motrices; mientras que Corbacho y Gómez están recluidos en la pabellón 5 de abusadores sexuales de la cárcel de Boulogne Sur Mer, en la ciudad de Mendoza.