En medio de un tenso debate, el kirchnerismo logró en la Cámara de Diputados la media sanción para el impuesto a las grandes fortunas y lo girará al Senado, gracias al apoyo de bloques menores de la oposición.

El debate arrancó con fuertes cruces con el bloque de Juntos por el Cambio, que anticipó su rechazo al nuevo gravamen por considerar que será confiscatorio y obstaculizará las inversiones empresarias.

Desde sectores del radicalismo dijeron que en la Argentina se busca instaurar ahora el "populismo tributario", con esta iniciativa.

El debate en Diputados transcurrió en medio de fuertes cruces y chicanas, y del mismo modo comenzaron, alrededor de las 3 de la madrugada, los discursos de cierre de los jefes de bloque.

El presidente del Interbloque de Unidad Federal para el Desarrollo, José Luis Ramón, dijo que votarán a favor del proyecto porque, según remarcó, "hay que comenzar a discutir la distribución de la riqueza".

En su discurso se quejó de la postura asumida por Juntos por el Cambio. "Esto no es algo menor: ante la crisis más grande de nuestros últimos 100 años, gran parte de nuestra dirigencia política y de nuestra dirigencia económica y social, evitó todo tipo de acuerdo o acompañamiento", expresó.

Y en esa misma línea, completó: "Vamos a acompañar este proyecto porque creemos que es un pie fundamental para comenzar a debatir la verdadera redistribución de las riquezas en nuestro país".
El kirchnerismo organizó toda una puesta en escena en apoyo de la iniciativa: mientras en las puertas del Congreso se manifestaban militantes de La Cámpora y de otras agrupaciones kirchneristas, dentro del recinto se hicieron presentes los ministros de Economía, Martín Guzmán; de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas y de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, acompañados por intendentes bonaerenses y dirigentes nacionales.

Fue entonces cuando Sergio Massa tomó las riendas de la sesión: las autoridades sanitarias así se lo autorizaron luego de que se confirmara de que el delegado del FMI, Luis Cebeddu, con quien Massa se había entrevistado el viernes pasado, dio negativo en su test de Covid-19.

En el arranque del debate, el presidente de la Comisión de Presupuesto, Carlos Heller, quien redactó la iniciativa a instancias de Máximo Kirchner, fue enfático: este tributo no afectará a las empresas pequeñas y medianas, como advirtió la oposición de Juntos por el Cambio.

"Falso de toda falsedad -retrucó Heller-. Con este impuesto estarían aclanzados menos de 10 mil personas, el 0,8% del total de los contribuyentes que presentaron su declaración jurada en 2019. El 42% de estos contribuyentes tienen activos dolarizados, de los cuales el 92% están radicados en el exterior. Está claro que este aporte está lejos de gravar la actividad productiva".
El legislador estimó que la recaudación del gravamen totalizaría unos $325 mil millones. "Aquí lo que les duele (a la oposición) es el ejemplo, no el importe. No quieren aceptar el precedente de que se esté legislando para atender una situación de emergencia, solicitando un aporte extraordinario para asistir a los que menos tienen. Es de estricta justicia", alegó. El oficialismo confiaba en reunir la mayoría agravada de 129 votos necesarios para la creación de este nuevo impuesto con el apoyo de un sector del Interbloque Federal y del Interbloque Unidad Federal para el Desarrollo.

"Así como hemos decidido acompañar el proyecto, exigimos que los fondos recaudados no se usen para ahorrar recursos previstos en el Presupuesto, sino que sean realmente fondos adicionales", enfatizó el diputado Alejandro "Topo" Rodríguez, del Interbloque Federal.

Su colega de bloque, Graciela Camaño, sin embargo, anticipó su voto en contra porque, a su juicio, el proyecto "desalienta las inversiones privadas y genera inseguridad jurídica y desconfianza en el país".

Alma Sapag, del Movimiento Popular Neuquino, también anticipó su rechazo. "Este impuesto resulta confiscatorio e inconstitucional", sostuvo.

Desde Juntos por el Cambio, el diputado Luciano Laspina refutó los argumentos oficialistas y advirtió que este impuesto no persigue un fin recaudatorio, sino un "fin ideológico" y que se trata de una "bomba de humo" en medio de las negociaciones del Gobierno con el FMI. "La emergencia no habilita a violentar la constitucion nacional. Este impuesto violenta los principios de no confiscatoriedad y de razonabilidad en la tributación; actúa como una doble imposición respecto del impuesto que ya rige sobre bienes personales: afecta el mismo sujeto imponible y la misma base imponible. Con ambos impuestos la alícuota trepará al 7,5%. Es absolutamente confiscatoria que va a gatillar una avalancha de juicios en los estrados judiciales", aventuró.

Desde el oficialismo, Fernanda Vallejos y Marcelo Casaretto refutaron las críticas opositoras. "Este aporte significa un acto de reparación y un puntapié inicial para otros debates que permitan parir una Argentina con mayor igualdad", sostuvo Vallejos.

"Es un aporte de estricta justicia -sostuvo Casaretto-. No descapitaliza a las empresas, no afecta las inversiones, esto no es un impuesto sino un aporte solidario. No es inconstitucional y no es confiscatorio".

Según el proyecto, el nuevo gravamen afectará los patrimonios de personas humanas a partir de los $200 millones, con una alícuota progresiva se elevará al 2,25% en casos de fortunas entre 300 y 400 millones de pesos, al 2,50% entre 400 y 600 millones de pesos y al 2,75% a los patrimonios entre los 600 a 800 millones de pesos.

La tasa subirá al 3% cuando los patrimonios oscilen entre 800 y 1500 millones de pesos, al 3,25% para fortunas de 1500 millones a 3000 millones de pesos, y a partir de esa cifra será del 3,5%.

El proyecto determina también que por el total de bienes en el exterior se tributará un recargo del 50% sobre la alícuota que le correspondería; pero si la persona trae el 30% de sus tenencias financieras que tienen declaradas afuera, el diferencial se elimina y paga por todo como si lo tuvieran en el país.

De acuerdo con las estimaciones de la AFIP, el tributo afectará un universo de poco más de 9000 contribuyentes.

"Este es un pésimo impuesto porque va a alejar todo atisbo de inversión en la Argentina. Esto que proponen es una salvajada tributaria", asestó Javier Campos, de la Coalición Cívica.

"Este proyecto es uno de los tantos agravios con sesgo claramente antiempresas y antiinversiones. Como lo presentan suena como una idea romántica para los inadvertidos. Estamos en presencia de un nuevo impuesto y es coactivo", agregó, por su parte, el radical Luis Pastori, quien apeló al término "populismo tributario".

En tanto, los bloques de izquierda anticiparon su abstención. "El 'aporte solidario' viene a encubrir todas las medidas del FMI, que representan un ataque brutal a las condiciones de vida de la población trabajadora: una fórmula jubilatoria a la baja; el Presupuesto 2021 que recorta en salud, educación y salarios; la anulación del IFE; el tarifazo anunciado para enero y la represión a las familias sin vivienda", enfatizó Romina Del Plá (FIT).

El debate sobre el impuesto a la riqueza estuvo precedido por fuertes cruces entre el oficialismo y la oposición por la dinámica del funcionamiento de la Cámara de Diputados.

Por caso la diputada radical Brenda Austin se quejó por los giros a comisiones que se les dan a los proyectos que ingresan al cuerpo, al hacer referencia a una iniciativa de su autoría que amplió el giro a la comisión de Industria cuando la comisión de Recursos Naturales ya había dictaminado, según recordó. La vicepresidenta del bloque oficialista, Cecilia Moreau, pidió una interrupción para responder a Austin y sostuvo que "hay que cuidar el reglamento en todo momento" y precisó que "por nota, el bloque de Juntos por el Cambio pidió agregar el giro a la Comisión de Industria de la ley de etiquetado frontal, y así lo dispuso la Cámara".

En ese marco, Álvaro González aclaró que se trataba de un tema que debía ser tratado en comisión y pidió que se respeten los tiempos, mientras Moreau insistió: "No, no, no. Y además los acuerdos se cumplen, y así como pidieron de manera informal que se constituya en comisión. ¡Laburen si quieren laburar! Las comisiones tienen que laburar una vez por semana y durante cuatro años no lo hicieron".

Los cruces continuaron y González debió llamar al orden varias veces para organizar el debate. En ese marco, y un clima de tensión, la sesión continuó con las cuestiones de privilegio, entre ellas una del diputado radical Álvaro De Lamadrid contra Massa por la "nula predisposición que ha llevado adelante en estos meses para que el Parlamento funcione en plenitud como corresponde".

Le respondió el diputado del Frente de Todos, Germán Martínez, quien rechazó esos cuestionamientos y acusó a la oposición de hacer antipolítica. Fue el titular del interbloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri, quien pidió la palabra y aseguró: "Nosotros no armamos, no planificamos ni damos golpes por atrás. Nosotros conversamos de frente".

"Quiero decir que no vamos a hacer lo que nos hacían ustedes cuando había 20 cuestiones de privilegio por sesión. Nosotros queremos debatir lo que se va a debatir hoy. No tenemos nada que esconder", completó.

"No se den por agraviados, no tenemos tretas, aceptamos las reglas de Labor Parlamentaria, si se conviene que no hay apartamientos del reglamento no mandamos a nadie a escondidas a pedirlo", aseveró en fuerte tono Negri.