Los gobiernos nacional y porteño no lograron alcanzar un acuerdo en el conflicto por la coparticipación, y será la Corte Suprema de Justicia la que deberá resolver al respecto.

Ante la falta de consenso entre las administraciones de Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta para alcanzar un acuerdo el máximo tribunal deberá resolver tanto sobre la cuestión de fondo como la medida cautelar que presentó la ciudad de Buenos Aires.

Ambas administraciones mantenían reuniones todos los miércoles para tratar de alcanzar un acuerdo y hoy fue el último encuentro en el día en que vencía el plazo ante la Corte para encontrar un acuerdo, lo que no se consiguió.

Hasta que defina la Corte, el Gobierno mantendrá las transferencias de fondos a la ciudad de Buenos Aires con la quita que el Presidente determinó en septiembre de 2020.
Los cortocircuitos entre Ciudad y Nación comenzaron en el año 2020 con la quita de un punto de la coparticipación nacional por el traspaso de las funciones de seguridad. El recorte de fondos fue dispuesto en el decreto 375 firmado en septiembre 2020.

Por ese motivo el gobierno de la ciudad de Buenos Aires solicitó a la Corte Suprema que declare la inconstitucionalidad de las normas y el pago de una suma que compense la pérdida sufrida desde entonces.

La respuesta del Estado Nacional llegó por la misma vía: cuestionó la legitimidad del decreto 194/2016 dictado por Mauricio Macri, que por entonces era presidente, en el que elevó de 1,40 a 3,75 el porcentual que recibía la Ciudad de coparticipación. Fue la administración anterior la que luego redujo el porcentual a 3,5.