Las organizaciones sociales del oficialismo y las de la oposición cerraron filas por la baja intempestiva de 40 mil beneficiarios de planes sociales y el Ejecutivo finalmente eliminó las incompatibilidades entre el Potenciar Trabajo ($25.600) y las becas Progresar ($7400).

En la administración de Alberto Fernández eligieron un argumento técnico para justificar la suspensión.

En la Casa Rosada explicaron que los primeros resultados de las auditorías de planes sociales a cargo de universidades nacionales pusieron la lupa sobre los miles de jóvenes que recibían los dos beneficios, aunque el programa que administra el líder del Movimiento Evita Emilio Pérsico fijaba desde 2020 que los beneficiarios no podían recibir el beneficio del Ministerio de Educación.

Desde la Cartera de Desarrollo Social que conduce Juan Zabaleta adelantaron a Clarín que los 40 mil jóvenes de hasta 30 años a los que se les había suspendido el beneficio volverán a cobrarlo a mediados de mes.

El ministro apuró una resolución que en las próximas horas o a más tardar el lunes se publicará en el Boletín Oficial. “Establécese que la percepción del incentivo otorgado a la población destinataria del Progresar(...) resulta compatible con el ingreso y la permanencia de los mismos como titulares en el Potenciar Trabajo y la percepción del Salario Social Complementario a partir del 1° de agosto de 2022”, señala el texto.

Dirigentes de las agrupaciones nucleadas en la UTEP y afines al oficialismo como la CCC, el Evita y Barrios de Pie, entre otros, habían expresado su preocupación por la suspensión de los planes. Solo el fallido atentado contra Cristina Kirchner -que funcionó como un aglutinador en el Frente de Todos- impidió que salieran a la calle para protestar contra el Gobierno.

Referentes de las organizaciones oficialistas no se privaron, sin embargo, de exigir la marcha atrás del Gobierno en las redes sociales. Juan Carlos Alderete, diputado y líder de la CCC, criticó la decisión oficial y ponderó la marcha atrás.

“Gracias al peronismo trabajar y estudiar son derechos intocables en nuestro país. Es urgente que se revea esta decisión y no recortar derechos”, señaló la diputada del Frente Patria Grande Natalia Zaracho que el domingo ratificó su pertenencia al bloque oficialista después de que su jefe político Juan Grabois amenazara con romperlo.

En el Evita -que organiza la misa del sábado en respaldo a la vicepresidenta- también creció el malestar.

“Educación tendría que asumir que las becas Progresar son miserables y aumentarlas”, señaló un referente que también apuntó por las bajas que siguen creciendo.

En la UTEP cayó muy mal la presión sobre las organizaciones -las auditorías- que crecieron puerta adentro del oficialismo luego de las críticas públicas de Cristina Kirchner a las organizaciones en junio.

En la movilización por San Cayetano recordaron que la ley de emergencia social de 2016, que ordenó la creación del Salario Social Complementario -la remuneración que se paga a través del Potenciar Trabajo- y permitió que los planes se duplicaran fue votada por unanimidad.