El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) hizo públicos los fundamentos de la sentencia condenatoria contra Cristina Kirchner y Lázaro Báez en el caso Vialidad y aseguró -en un fallo de 1.600 páginas- que lo que se juzgó y probó fue "un hecho de corrupción estatal".

En los fundamentos, de forma unánime, los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu indicaron que se acreditó en la maniobra investigada la intervención "de integrantes de las más altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional, de la Dirección Nacional de Vialidad y de la Administración General de Vialidad Provincial de la Provincia de Santa Cruz, en connivencia con un empresario de la construcción dedicado a la obra pública", en referencia Báez.

Al respecto añadieron que la finalidad fue "asegurarle un beneficio económico tanto a éste como a la sociedad conyugal integrada por los ex presidentes Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández de Kirchner".

Los magistrados fueron durísimo con el vínculo de los Kirchner con Báez y sostuvieron que dejaron los controles de lado por la relación que mantenían. "En lugar de la relación de distancia y contralor que debió signar el vínculo entre las dimensiones pública y privada, aquí hemos visto una promiscua y absoluta confusión entre ambas esferas".

Según los jueces la estructura de los delitos estuvo marcada por todo tipo de "acuerdos espurios entre las personas interesadas" algo que encontraron "propio de las prácticas organizadas de corrupción estatal y empresarial y visos propios de los delitos económicos", tendientes a "asegurar los beneficios económicos" a favor de los Kirchner y Báez.

El 6 de diciembre pasado, Cristina Kirchner se convirtió en la primera vicepresidenta en ejercicio del poder, con una condena por corrupción. El TOF 2 integrado por los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, la encontró responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado. El daño ocasionado se estimó en 80.000 millones de pesos.

Los magistrados sostuvieron en los fundamentos de la sentencia que las obras viales licitadas en suelo santacruceño fueron “sistemáticamente adjudicadas a un grupo de empresas vinculadas” a Báez. Y añadieron que la conformación de su holding y el crecimiento económico del mismo fue “exponencial”.

Al explicar el rol de los imputados, se señaló que los funcionarios condenados “operaron al margen del interés público”, configurando, “detrás de una apariencia de licitud, una sincronizada y unívoca disposición del aparato estatal enderezado a la consumación del delito”.

Los fundamentos de la condena refieren en varios tramos a la “promiscuidad” manifiesta entre distintas personas -integrantes de las constructoras y de los gobiernos nacional y provincial- con el fin de beneficiar al ex socio comercial de Cristina Kirchner.

En otras palabras, el TOF 2 dijo: "Lázaro Báez cobraba irregularmente montos millonarios del Estado nacional y luego los destinaba a operaciones privadas con la ex Presidenta de la Nación, quien permitió y facilitó la erogación de ese dinero guiada por un claro interés personal.