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Reformas: el Gobierno reglamentó la primera parte de la Ley Bases
Más de un mes después de la sanción de la ley en el Senado, fueron oficializadas las privatizaciones y delegaciones de facultades. Qué quedo aún afuera de la ley aprobada
5 de agosto de 2024
A casi un mes de la promulgación de la Ley Bases, el Gobierno nacional reglamentó la primera parte de la legislación, con el objetivo de avanzar con las reformas que el presidente Javier Milei se propuso llevar a cabo desde el inicio de su gestión.
En esta primera etapa, el Ejecutivo estableció la normativa vinculada al Título II, que contempla las modificaciones en el sistema de empleo público, cambios en los procesos administrativos y las privatizaciones de las empresas públicas.
La reglamentación se hizo efectiva a través del decreto 695/2024 publicado esta madrugada en el Boletín Oficial.
De esta manera, acelera la implementación de la normativa, que fue el resultado de un largo proceso en el Congreso, que incluyó un primer intento fallido en Diputados durante las sesiones extraordinarias y una última ofensiva que se coronó después de una negociación política que encabezó Guillermo Francos, ya como jefe de Gabinete.
El decreto incluye la reglamentación del Título II, relacionado con la reforma del Estado y los cambios en los procedimientos administrativos, como así también los vinculados a la privatización de empresas públicas y la flexibilización de las condiciones del empleo público. Así, se establecieron las precisiones de la implementación de cerca de 60 artículos de la ley.
En ese sentido, instrumentaron el esquema previsto para la concesión o venta parcial o total de las siguientes empresas: Energía Argentina, Intercargo, AySA, Belgrano Cargas, Sociedad Operadora Ferroviaria (SOFSE) y Corredores Viales, Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA) y el Complejo Carbonífero, Ferroviario, Portuario y Energético a cargo de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT).
Con respecto a los cambios en la estructura del empleo público, el Gobierno reglamentó las bases para poner en marcha un nuevo sistema de ingreso al Estado y avanzar con las desvinculaciones, despidos y reubicación del personal estatal.
Quedaron para una etapa posterior capítulos importantes, como el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), aunque desde el Gobierno aseguraron que, con la sola aprobación de la ley que incluye incentivos para estas inversiones, ya se produjeron avances y promesas de fondos, como un proyecto minero en San Juan, anunciado la semana pasada.
Hasta aquí, el Gobierno solo había podido reglamentar distintos capítulos del paquete fiscal (la denominada Ley de Medidas Paliativas y Relevantes), como el nuevo monotributo, el blanqueo de capitales, los cambios en el Impuesto a las Ganancias y la moratoria impositiva. La demora en la reglamentación de la norma había generado críticas, incluso desde sectores aliados, como el PRO.
En esta primera etapa, el Ejecutivo estableció la normativa vinculada al Título II, que contempla las modificaciones en el sistema de empleo público, cambios en los procesos administrativos y las privatizaciones de las empresas públicas.
La reglamentación se hizo efectiva a través del decreto 695/2024 publicado esta madrugada en el Boletín Oficial.
De esta manera, acelera la implementación de la normativa, que fue el resultado de un largo proceso en el Congreso, que incluyó un primer intento fallido en Diputados durante las sesiones extraordinarias y una última ofensiva que se coronó después de una negociación política que encabezó Guillermo Francos, ya como jefe de Gabinete.
El decreto incluye la reglamentación del Título II, relacionado con la reforma del Estado y los cambios en los procedimientos administrativos, como así también los vinculados a la privatización de empresas públicas y la flexibilización de las condiciones del empleo público. Así, se establecieron las precisiones de la implementación de cerca de 60 artículos de la ley.
En ese sentido, instrumentaron el esquema previsto para la concesión o venta parcial o total de las siguientes empresas: Energía Argentina, Intercargo, AySA, Belgrano Cargas, Sociedad Operadora Ferroviaria (SOFSE) y Corredores Viales, Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA) y el Complejo Carbonífero, Ferroviario, Portuario y Energético a cargo de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT).
Con respecto a los cambios en la estructura del empleo público, el Gobierno reglamentó las bases para poner en marcha un nuevo sistema de ingreso al Estado y avanzar con las desvinculaciones, despidos y reubicación del personal estatal.
Quedaron para una etapa posterior capítulos importantes, como el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), aunque desde el Gobierno aseguraron que, con la sola aprobación de la ley que incluye incentivos para estas inversiones, ya se produjeron avances y promesas de fondos, como un proyecto minero en San Juan, anunciado la semana pasada.
Hasta aquí, el Gobierno solo había podido reglamentar distintos capítulos del paquete fiscal (la denominada Ley de Medidas Paliativas y Relevantes), como el nuevo monotributo, el blanqueo de capitales, los cambios en el Impuesto a las Ganancias y la moratoria impositiva. La demora en la reglamentación de la norma había generado críticas, incluso desde sectores aliados, como el PRO.