En una decisión esperada, pero no por eso libre de polémicas, el presidente Javier Milei firmó este martes el decreto que designa al juez federal Ariel Lijo y al académico Manuel García Mansilla como nuevos jueces de la Corte Suprema, una medida que abre dos nuevos frentes de batalla para la administración libertaria, uno en el Senado y otro en el máximo tribunal.

Milei envió los pliegos de Lijo y García Mansilla al Senado en marzo del año pasado para cubrir las vacantes que dejaron Elena Highton en 2021 y Juan Carlos Maqueda en diciembre en la Corte, pero la negociación para coneguir la mayoría de dos tercios -para la cual es clave la bancada peronista- nunca avanzó y la idea de nombrarlos por decreto tuvo idas y vueltas.

El Presidente resolvió finalmente ir por esa vía tras la reunión de Gabinete de este martes por la mañana, aunque hace varias semanas en la Casa Rosada advierten que para el 1 de marzo, cuando el mandatario vaya al Congreso a dar su discurso de apertura de sesiones, Lijo y García Mansilla "van a estar sentados como miembros de la Corte, de una forma o de otra".

Más allá del intento por mostrar fuerza pese a las resistencias políticas y tener a sus dos nominados sentados en el Congreso para la ceremonia, la razón por la que Milei avanza ahora con la designación por decreto es para poder argumentar que la Constitución Nacional lo habilita.

En su artículo 99 la carta magana señala que el Ejecutivo puede "llenar las vacantes de los empleos que requieran el acuerdo del Senado y que ocurran durante su receso".

Para el Gobierno esto implica que Lijo y Mansilla pueden ser nombrados "en comisión" antes del 1 de marzo. Sin embargo, este argumento chocará con objeciones tanto en el Congreso como en la Justicia.