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Filtraciones en el caso YPF: echan a 60 funcionarios de la Procuración
El Gobierno había advertido que cesaría a empleados para luego reestructurar el organismo
16 de julio de 2025
La Procuración del Tesoro Nacional inició una investigación y una posible purga interna tras considerar que hubo “filtraciones” en el litigio internacional por la expropiación de YPF, ocurrida en 2012.


Tras este anuncio del Gobierno se avanzó en despidos de empleados de la Procuración del Tesoro por la sospecha de que filtraron información de YPF a los fondos extranjeros, el organismo confirmó una “profunda reestructuración”.

Según indicaron a través de un comunicado, se busca “eficientizar su funcionamiento operativo y contribuir a la reducción del gasto público, en el marco de los lineamientos establecidos por la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, orientada a consolidar una administración pública más ágil, moderna y efectiva”.

La purga, afirmaron fuentes en la Casa Rosada, está siendo llevada adelante por Santiago Castro Videla, el segundo procurador del Tesoro de la administración libertaria.

Castro Videla asumió en febrero pasado tras la sorpresiva salida de Rodolfo Barra.

“Se está haciendo una purga. Creemos que hubo filtraciones en el caso YPF”, dijeron en la sede de gobierno. Desde allí advirtieron que la Las fuentes consultadas explicaron que si bien no hay forma de saber para quién se realizó exactamente la filtración de información reservada, consideraron “razonable” que haya podido ser para Burford Capital, el fondo que adquirió los detalles del reclamo de los accionistas minoritarios de YPF.Procuración del Tesoro lleva adelante casos que implican miles de millones de dólares para el país.

El reclamo por la expropiación de YPF lleva más de diez años en la justicia estadounidense y se reactivó con fuerza dos semanas atrás.

Fue luego de que se conociera la decisión de la jueza de Nueva York Loretta Preska, que el lunes primero ordenó al Estado argentino entregar el 51% de las acciones de la compañía a los fondos Burford y Eton Capital, que compraron a la familia Eskenazi el derecho a litigar contra el país por esa estatización.