El juez federal de La Plata, Ernesto Krepak procesó a 14 sospechosos de haber tenido algún grado de participación en la fabricación y distribución del fentanilo contaminado.

Otros dos continúan bajo investigación.
Los acusados son ejecutivos de los laboratorios HLB Pharma Group SA y Ramallo SA, vinculados a la muerte de “124 pacientes fallecidos con posible asociación al brote por administración de fentanilo contaminado”.

A la cabeza de los procesamientos está el propietario de las empresas Ariel García Furfaro a quien le dictaron un embargo de un billón de pesos

Según la resolución judicial, se les imputa los presuntos delitos de adulteración de sustancias medicinales en concurso real con adulteración de sustancias medicinales de un modo peligroso para la salud de las personas.

La resolución de 401 fojas valoró la participación de cada uno de los integrantes de los distintos eslabones de producción y control del medicamento adulterado.

En este marco, la madre de Furfaro, Nilda, había obtenido prisión domiciliaria tras la solicitud de su defensa, mientras los acusados enfrentarán penas de hasta 25 años de cárcel por homicidio agravado.

A la mujer también le dictaron prisión preventiva, y le dispusieron un embargo de quinientos mil millones de pesos.

A Diego García Furfaro, hermano del empresario, también lo procesaron con prisión preventiva y lo embargaron por quinientos mil millones de pesos.

La causa se sustenta en el artículo 201 bis del Código Penal, que establece penas de 10 a 25 años cuando el envenenamiento de sustancias alimenticias o medicinales provoca la muerte de personas.

García Furfaro ya contaba con antecedentes penales: en 2002 fue condenado a siete años de prisión por tentativa de homicidio contra un empleado de su restaurante.

Tras cumplir la pena, se volcó a la industria farmacéutica y consolidó varios laboratorios, entre ellos HLB Pharma Group, Ramallo S.A., Apolo, Alpharma S.A. y Droguería ABC 1 S.A.