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Cuadernos de las coimas: rechazan la pretensión de 50 empresarios de pagar para ser absueltos
Lo resolvió el tribunal oral, que ratificó el inicio del juicio el 6 de noviembre. El monto ofrecido fue de unos 15 millones de dólares. El juicio comenzará el 5/11
6 de octubre de 2025
El Tribunal Oral Número 7, a cargo de la causa de los cuadernos de las coimas, en la que Cristina Kirchner es la principal acusada, rechazó la oferta de 50 empresarios que querían pagar un resarcimiento económico a cambio de ser absueltos y no enfrentar el proceso.
El monto total ofrecido por los acusados fue de unos 15 millones de dólares.
El fallo fue firmado por los jueces Germán Castelli, Enrique Méndez Signori y Fernando Canero.
El juicio comenzará el 6 de noviembre próximo.
El Tribunal Oral Federal 7 resolvió que la oposición de la fiscal de juicio, Fabiana León, es vinculante y que los delitos de corrupción afectan bienes jurídicos supraindividuales que no pueden ser compensados solo con dinero, ratificando el inicio del debate oral.
Así, los jueces rechazaron todos los planteos de reparación integral del perjuicio formulados por los abogados de los empresarios, y algunos exfuncionarios kirchneristas.
Los empresarios y ex funcionarios que hicieron esta oferta son: Roberto Juan Orazi, Jorge Juan Mauricio Balan, Miguel Aznar, Osvaldo De Sousa, Cristóbal López, Fabián De Sousa, Pablo José Gutiérrez, Adrian Pascucci, Mauricio Pascucci, Mario Ludovico Rovella, Patricio Gerbi, Hugo Dragonetti, Juan Manuel Collazo, Ernesto Clarens, Alberto Taselli, Carlos Daniel Román, Carlos Eduardo Arroyo, Julio José Paolini, Ángelo Jorge Antonio Calcaterra y Héctor Javier Sánchez Caballero.
Los jueces argumentaron que la “reparación integral” solo se admite como una regla de disponibilidad de la acción penal, lo que otorga un papel primordial y decisorio al Ministerio Público Fiscal (MPF), titular de la acción pública.
Los jueces dijeron que el caso de corrupción es de naturaleza supraindividual e inmaterial del daño, en orden con los argumentos de la fiscalía.
León dijo que se está ante un “caso de gran corrupción” que afecta bienes jurídicos supraindividuales como la probidad, la transparencia y el orden público. Por eso no hay una víctima concreta a quien reparar.
Los jueces dijeron que el monto ofrecido por los empresarios, calculado en el momento de los embargos, si bien es útil para recuperar el dinero, “es insuficiente" para reparar plenamente el daño institucional y social generado.
El monto total ofrecido por los acusados fue de unos 15 millones de dólares.
El fallo fue firmado por los jueces Germán Castelli, Enrique Méndez Signori y Fernando Canero.
El juicio comenzará el 6 de noviembre próximo.
El Tribunal Oral Federal 7 resolvió que la oposición de la fiscal de juicio, Fabiana León, es vinculante y que los delitos de corrupción afectan bienes jurídicos supraindividuales que no pueden ser compensados solo con dinero, ratificando el inicio del debate oral.
Así, los jueces rechazaron todos los planteos de reparación integral del perjuicio formulados por los abogados de los empresarios, y algunos exfuncionarios kirchneristas.
Los empresarios y ex funcionarios que hicieron esta oferta son: Roberto Juan Orazi, Jorge Juan Mauricio Balan, Miguel Aznar, Osvaldo De Sousa, Cristóbal López, Fabián De Sousa, Pablo José Gutiérrez, Adrian Pascucci, Mauricio Pascucci, Mario Ludovico Rovella, Patricio Gerbi, Hugo Dragonetti, Juan Manuel Collazo, Ernesto Clarens, Alberto Taselli, Carlos Daniel Román, Carlos Eduardo Arroyo, Julio José Paolini, Ángelo Jorge Antonio Calcaterra y Héctor Javier Sánchez Caballero.
Los jueces argumentaron que la “reparación integral” solo se admite como una regla de disponibilidad de la acción penal, lo que otorga un papel primordial y decisorio al Ministerio Público Fiscal (MPF), titular de la acción pública.
Los jueces dijeron que el caso de corrupción es de naturaleza supraindividual e inmaterial del daño, en orden con los argumentos de la fiscalía.
León dijo que se está ante un “caso de gran corrupción” que afecta bienes jurídicos supraindividuales como la probidad, la transparencia y el orden público. Por eso no hay una víctima concreta a quien reparar.
Los jueces dijeron que el monto ofrecido por los empresarios, calculado en el momento de los embargos, si bien es útil para recuperar el dinero, “es insuficiente" para reparar plenamente el daño institucional y social generado.