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La Justicia ordenó aplicar la Ley de Emergencia en Discapacidad: qué decidió hacer el Gobierno
El Juzgado Federal de Campana declaró inválido el artículo del decreto con el que el Poder Ejecutivo había frenado la Ley 27.793 y dispuso su aplicación inmediata en todo el país
13 de diciembre de 2025
La Justicia ordenó la aplicación inmediata de la Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada por el Congreso en septiembre y frenada por el Poder Ejecutivo pese a haber sido promulgada.
La decisión fue tomada por el Juzgado Federal de Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay, quien declaró inválido el Artículo 2° del Decreto 681/2025, mediante el cual el Gobierno había suspendido la ejecución de la norma.
El fallo, de alcance nacional, obliga a poner en marcha todas las medidas previstas para personas con discapacidad y restituye derechos afectados por la decisión del Ejecutivo.
La resolución beneficia a todo el colectivo de personas con discapacidad, sus familias, cuidadores y prestadores, que desde la suspensión venían denunciando interrupciones de tratamientos, pérdida de servicios y desfinanciamiento.
La acción fue presentada por O.G.J. y D.R.N., en representación de sus hijos con Certificado Único de Discapacidad, y pronto sumó adhesiones de asociaciones civiles, prestadores y familiares de distintas provincias.
El planteo central cuestionó la suspensión decretada por el Ejecutivo, que dejaba sin efecto las medidas de emergencia destinadas a sostener tratamientos, garantizar prestaciones y proteger derechos esenciales como la salud, la educación y la inclusión.
El Gobierno confirmó que apelará el fallo dictado por el Juzgado Federal de Campana que ordenó poner en marcha la Ley de Emergencia en Discapacidad y declaró inválido el artículo central del Decreto 681/2025.
La presentación se realizará ante la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, el tribunal que deberá revisar la decisión firmada por el juez Adrián González Charvay.
La Casa Rosada argumenta que la sentencia del juez Adrián González Charvay constituye una “invasión” sobre las atribuciones del Ejecutivo para ordenar las cuentas públicas y administrar el presupuesto, y que aplicar la ley sin partidas específicas pondría en riesgo el equilibrio fiscal.
La decisión fue tomada por el Juzgado Federal de Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay, quien declaró inválido el Artículo 2° del Decreto 681/2025, mediante el cual el Gobierno había suspendido la ejecución de la norma.
El fallo, de alcance nacional, obliga a poner en marcha todas las medidas previstas para personas con discapacidad y restituye derechos afectados por la decisión del Ejecutivo.
La resolución beneficia a todo el colectivo de personas con discapacidad, sus familias, cuidadores y prestadores, que desde la suspensión venían denunciando interrupciones de tratamientos, pérdida de servicios y desfinanciamiento.
La acción fue presentada por O.G.J. y D.R.N., en representación de sus hijos con Certificado Único de Discapacidad, y pronto sumó adhesiones de asociaciones civiles, prestadores y familiares de distintas provincias.
El planteo central cuestionó la suspensión decretada por el Ejecutivo, que dejaba sin efecto las medidas de emergencia destinadas a sostener tratamientos, garantizar prestaciones y proteger derechos esenciales como la salud, la educación y la inclusión.
El Gobierno confirmó que apelará el fallo dictado por el Juzgado Federal de Campana que ordenó poner en marcha la Ley de Emergencia en Discapacidad y declaró inválido el artículo central del Decreto 681/2025.
La presentación se realizará ante la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, el tribunal que deberá revisar la decisión firmada por el juez Adrián González Charvay.
La Casa Rosada argumenta que la sentencia del juez Adrián González Charvay constituye una “invasión” sobre las atribuciones del Ejecutivo para ordenar las cuentas públicas y administrar el presupuesto, y que aplicar la ley sin partidas específicas pondría en riesgo el equilibrio fiscal.