El juez federal Sebastián Casanello procesó al ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, en una causa que investiga presuntas irregularidades en la compra de medicamentos por parte del organismo estatal.
La resolución, de más de 300 páginas, también alcanzó a otros exfuncionarios y empresarios vinculados al expediente.

Según se informó, el procesamiento fue dictado sin prisión preventiva e incluye cargos por negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, en calidad de autor, y defraudación por administración fraudulenta agravada en perjuicio del Estado.

Además, el magistrado ordenó trabar un embargo superior a los 200 millones de pesos sobre los bienes del exfuncionario.

En el mismo fallo también fueron procesados Daniel Garbellini, exfuncionario de la ANDIS, y Miguel Ángel Calvete, uno de los principales investigados en la causa. Todos quedaron imputados sin prisión preventiva, aunque con embargos multimillonarios.

La investigación, que estuvo a cargo del fiscal Franco Picardi, se centra en la detección de presuntas maniobras irregulares vinculadas a la compra de medicamentos por parte del organismo.

De acuerdo con la resolución judicial, la parte central del expediente apunta a sobreprecios, posibles circuitos de lavado de dinero y distintas irregularidades administrativas en la contratación.

Spagnuolo, quien además fue abogado del presidente Javier Milei y se desempeñó al frente de la ANDIS, había quedado bajo la lupa en el marco de esta causa tras la difusión de audios y testimonios incorporados al expediente. Sin embargo, el proceso continúa abierto y aún resta avanzar sobre otros tramos de la investigación.

En la resolución, Casanello también dispuso nuevas indagatorias para profundizar el análisis sobre el resto de los involucrados y determinar el alcance total de las maniobras investigadas.

El pasado 2 de enero, luego del escándalo por las presuntas coimas en discapacidad, el Gobierno anunció la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

La decisión se apoyó en el informe final de intervención del organismo, que detectó irregularidades de gravedad en contrataciones, debilidades estructurales en los controles internos y un ecosistema tecnológico fragmentado que afecta la gestión del Certificado Único de Discapacidad, las pensiones no contributivas por invalidez y el Programa Federal Incluir Salud.

Según el texto oficial, la ANDIS “opera sobre un ecosistema tecnológico fragmentado, heredero de sistemas inconexos”, lo que genera duplicación de tareas, inconsistencias de datos y dificultades para garantizar trayectorias de atención, poniendo en riesgo el acceso efectivo a prestaciones médicas, medicamentos de alto costo y dispositivos de apoyo.

En ese marco, el decreto dispone la incorporación de la Secretaría Nacional de Discapacidad al organigrama del Ministerio de Salud, que pasará a actuar como continuador legal y administrativo de la ANDIS, asumiendo todos sus compromisos, personal, bienes y créditos presupuestarios, garantizando la continuidad de los servicios.