Luego de que durante la madrugada de este martes se volvieran a manifestar familiares y allegados a policías frente a la Unidad Regional II de Rosario, donde se produjeron incidentes, uniformados que estaban en 20 móviles de la fuerza se negaron a salir a patrullar a las 6, una medida que generó que el gobierno de Santa Fe ordenara que se les retiren las armas y los chalecos antibala y que fueran pasados a disponibilidad.

A las 9, unos 60 móviles policiales se habían plegado a la protesta.

El gobierno provincial trasladó a uniformados de otras zonas santafesinas a Rosario y pidió que se refuercen los operativos de fuerzas federales en el marco del plan Bandera, implementado a comienzos de 2024 para poner freno a la violencia narco que desangraba a la principal ciudad de la provincia.

La protesta que se agudizó anoche con una nueva marcha de familiares y allegados de uniformados comenzó el miércoles pasado, cuando murió el suboficial Oscar Valdez, de 32 años, quien dos días antes había intentado suicidarse en la puerta de la Jefatura de la Unidad Regional II.

La muerte de este hombre oriundo de Vera, el norte de Santa Fe, fue el detonante de los reclamos: muchos se sintieron identificados con su historia, que tiene que ver con agentes que se trasladan hasta 500 kilómetros para trabajar en Rosario, con un régimen horario de 12 horas de trabajo y 36 de descanso.

Durante el fin de semana pasado, las protestas continuaron, a pesar de que el gobierno de Maximiliano Pullaro anunció el pago de un plus salarial de $500.000 para los uniformados que se desempeñen en las principales ciudades y de $250.000 para los choferes de los patrulleros.

El anuncio no logró descomprimir la protesta, que anoche y durante esta madrugada terminó con un enfrentamiento entre policías que custodiaban la jefatura de Policía de Rosario y familiares de efectivos de esta fuerza de seguridad que le ponían cuerpo a la manifestación. Algunas personas fueron reprimidas con gas pimienta. Esto incrementó el malestar dentro de las filas policiales.

A la mañana, el ministro de Seguridad, Pablo Coccocioni, dio una conferencia de prensa en la que confirmó las sanciones contra los efectivos que se habían negado a trabajar y consideró que detrás del reclamo genuino de los uniformados había maniobras de policías exonerados por casos de corrupción que querían generar malestar, sobre todo a través de las redes sociales.

“A partir de anoche se fueron sumando determinados grupos con acciones violentas y antijurídicas, también sembrando fake news, buscando desestabilizar la seguridad de la provincia de Santa Fe”, sostuvo el ministro de Seguridad.

En el gobierno detectaron que en las redes sociales, fundamentalmente Facebook, se había desplegado una estrategia sofisticada. Se habían creado centenares de perfiles falsos con fotos reales de agentes que estaban activos todo el tiempo, con posteos para que el clima se enrareciera, según interpretaron en el gobierno provincial.

Por ejemplo, aparecían fotos de pasacalles contra Pullaro que eran falsos. Eran fotos trucadas con inteligencia artificial. Algo similar ocurrió con la viralización de las fotos de cuatro agentes que se suicidaron el año pasado.