En medio de la batalla judicial internacional por la expropiación de YPF, el Gobierno argentino presentó una moción de emergencia ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York. El pedido es para solicitar la suspensión inmediata del proceso de discovery mientras se analiza la apelación de fondo contra la sentencia que condenó al país a pagar US$16.000 millones.
La presentación fue realizada por la Procuración del Tesoro, que solicitó paralizar la etapa de exhibición y producción de documentos, el pedido de aplicación de sanciones y la audiencia probatoria prevista entre el 21 y el 23 de abril de 2026.

Según el planteo oficial, el objetivo es que esas instancias queden suspendidas hasta que el tribunal resuelva la apelación principal presentada por la Argentina, en la que el país cuestiona el fallo que lo responsabilizó por la forma en que se llevó adelante la expropiación de la petrolera.

Desde la Procuración del Tesoro explicaron que la solicitud se basa en que existen fundamentos jurídicos sólidos para revertir la decisión apelada, entre ellos la supuesta incorrecta aplicación del derecho argentino y el principio de forum non conveniens.

En el escrito presentado ante la Justicia estadounidense, el Estado argentino advirtió que la continuidad del discovery podría provocar un perjuicio irreparable y afectar la previsibilidad necesaria para el normal desarrollo de sus relaciones financieras.

“El país ha cumplido ampliamente con las órdenes dictadas en el proceso. Pese a ello, los demandantes solicitaron que la Argentina sea declarada en desacato y que se le impongan sanciones que la República considera improcedentes y desproporcionadas”, señalaron desde el organismo.

El planteo se da además luego de que, a fines de febrero, el Gobierno de Estados Unidos expresara su respaldo a la posición argentina en el litigio y pidiera que el país no sea declarado en desacato.

En esa oportunidad, el Departamento de Justicia estadounidense también solicitó participar en la audiencia prevista para el 16 de abril, en la que se analizará la apelación vinculada con la orden de entrega del 51% de las acciones de YPF.

“La República Argentina continuará ejerciendo, tanto en el ámbito interno como internacional, todas las acciones y recursos jurídicos previstos por el ordenamiento vigente para resguardar la plena vigencia de la Constitución Nacional y de los principios del derecho internacional público”, concluyó el comunicado de la Procuración del Tesoro.