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La Cámara de Casación anuló el procesamiento de Alberto Fernández
Es por la causa seguros. El máximo tribunal penal dejó sin efecto la acusación contra el expresidente por negociaciones incompatibles
30 de abril de 2026
La Cámara Federal de Casación Penal dejó sin efecto este miércoles el procesamiento del ex presidente Alberto Fernández en la causa Seguros y dispuso que se dicte un nuevo fallo.
La resolución fue tomada por la Sala IV del máximo tribunal penal federal, en el expediente en el que Fernández había sido acusado por presuntas “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”, según consta en el fallo.
La mayoría que dejó sin efecto el procesamiento estuvo integrada por los jueces Mariano Borinsky y Javier Carbajo. El ex presidente había acudido a la Cámara Federal de Casación Penal para pedir la nulidad de las acusaciones en su contra, que podían llevarlo a enfrentar su primer juicio oral por corrupción.
La causa se inició a partir de una investigación periodística y derivó en el procesamiento de Fernández por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública.
El expediente reúne distintos elementos bajo análisis judicial, entre ellos un decreto firmado por el ex mandatario, decenas de contratos, la intervención de intermediarios del sector seguros, el pago de comisiones millonarias, la participación de una cooperativa que habría operado como financiera y un posible direccionamiento de contratos. Todo esto fue encuadrado por la Justicia como una presunta “estructura criminal” orientada a desviar fondos públicos.
Según la acusación, las comisiones pagadas a intermediarios en contratos entre organismos estatales, bajo sospecha de irregularidades, alcanzaron los $3.364.522.944.
En una instancia previa, el 23 de febrero, la Sala IV de Casación —integrada por Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky— había confirmado los procesamientos de diez personas vinculadas al esquema investigado en torno a Nación Seguros y la intermediación de brokers.
Los delitos bajo investigación incluyen administración fraudulenta en perjuicio del Estado y negociaciones incompatibles, ejes centrales del expediente.
En ese contexto, la situación de Fernández quedó bajo revisión en el máximo tribunal penal, señalado como el principal implicado en el entramado de comisiones y presuntos favoritismos hacia el broker Héctor Martínez Sosa, quien concentró el 59,6% de las comisiones.
La resolución fue tomada por la Sala IV del máximo tribunal penal federal, en el expediente en el que Fernández había sido acusado por presuntas “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”, según consta en el fallo.
La mayoría que dejó sin efecto el procesamiento estuvo integrada por los jueces Mariano Borinsky y Javier Carbajo. El ex presidente había acudido a la Cámara Federal de Casación Penal para pedir la nulidad de las acusaciones en su contra, que podían llevarlo a enfrentar su primer juicio oral por corrupción.
La causa se inició a partir de una investigación periodística y derivó en el procesamiento de Fernández por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública.
El expediente reúne distintos elementos bajo análisis judicial, entre ellos un decreto firmado por el ex mandatario, decenas de contratos, la intervención de intermediarios del sector seguros, el pago de comisiones millonarias, la participación de una cooperativa que habría operado como financiera y un posible direccionamiento de contratos. Todo esto fue encuadrado por la Justicia como una presunta “estructura criminal” orientada a desviar fondos públicos.
Según la acusación, las comisiones pagadas a intermediarios en contratos entre organismos estatales, bajo sospecha de irregularidades, alcanzaron los $3.364.522.944.
En una instancia previa, el 23 de febrero, la Sala IV de Casación —integrada por Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky— había confirmado los procesamientos de diez personas vinculadas al esquema investigado en torno a Nación Seguros y la intermediación de brokers.
Los delitos bajo investigación incluyen administración fraudulenta en perjuicio del Estado y negociaciones incompatibles, ejes centrales del expediente.
En ese contexto, la situación de Fernández quedó bajo revisión en el máximo tribunal penal, señalado como el principal implicado en el entramado de comisiones y presuntos favoritismos hacia el broker Héctor Martínez Sosa, quien concentró el 59,6% de las comisiones.