La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó en las últimas horas un nuevo elemento bajo análisis: movimientos detectados en dos billeteras virtuales, Binance y Lemon, vinculadas al funcionario por más de 100.000 dólares.

Esos fondos ahora se agregan al cálculo patrimonial que realizan la Justicia y la fiscalía sobre dinero que, en principio, no estaría declarado.

Los investigadores analizan entradas y salidas de dinero registradas en ambas plataformas digitales (utilizadas principalmente para comprar y vender criptomonedas) mientras avanzan los cruces de información financiera y bancaria sobre Adorni y su entorno.

La causa está en manos del juez federal Ariel Lijo y del fiscal Gerardo Pollicita, quienes investigan si los gastos, inversiones, movimientos financieros y operaciones inmobiliarias detectadas desde fines de 2023 son compatibles con los ingresos declarados por el funcionario y su esposa, Bettina Angeletti.

En paralelo, los investigadores esperan un informe de la DAFI, la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones del Ministerio Público Fiscal.

En la Justicia creen que, a partir de la información reunida hasta ahora, podría avanzarse con un requerimiento formal de justificación patrimonial.

Ese eventual requerimiento apuntaría especialmente a los pagos realizados en efectivo que aparecen en el expediente y que, según entienden los investigadores, no figuran declarados. La medida todavía no tiene fecha definida aunque, una vez emitida, Adorni tendría un plazo de 15 días para responder y presentar documentación respaldatoria.

La investigación también podría sumar en los próximos días la intervención de ARCA para profundizar el análisis sobre presuntos pagos no registrados. Según trascendió, el objetivo sería que el organismo fiscal revise operaciones vinculadas no solo a Adorni, sino también a otras personas mencionadas en el expediente.

Entre ellas aparece el contratista Matías Tabar, quien ya declaró ante la Justicia por trabajos realizados en el departamento que Adorni posee en el barrio porteño de Caballito y en la casa del country Indio Cuá de Exaltación de la Cruz.

También figura Pablo Martín Feijoo, hijo de una de las jubiladas que participaron como acreedoras en la venta del semipiso de la calle Miró al 500 adquirido por el funcionario.

Los pagos atribuidos a Adorni abarcan distintos conceptos vinculados a operaciones inmobiliarias y remodelaciones. Entre ellos mencionan arreglos en propiedades, gastos de escribanía, adelantos realizados sobre las hipotecas del departamento de Miró y otro de la calle Asamblea y pagos mensuales vinculados justamente a esas deudas hipotecarias.

Todo ese universo, según describen quienes siguen de cerca el expediente, forma parte de la reconstrucción patrimonial que realizan los investigadores para determinar el origen de los fondos utilizados.

La causa avanzó tras el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Adorni y de Angeletti, además de distintas medidas destinadas a reconstruir movimientos financieros, consumos, transferencias y operaciones inmobiliarias.

Dentro de esa reconstrucción también apareció una herencia recibida tras la muerte del padre del jefe de Gabinete. Según trascendió, Adorni posee el 33% de un terreno heredado y además figura un departamento donde actualmente reside su madre.