“Nooo, acá no vino nadie. Si quiere venir Pettovello (Sandra, ministra de Capital Humano), que venga. Le podemos mostrar las graves deficiencias que tenemos en recursos y en infraestructura”.

La respuesta fue dada bajo reserva de identidad por la directora de una escuela del barrio Los Porteños, en las afueras de la capital bonaerense, ante el anuncio de sanciones realizado por el gobierno de Javier Milei para los trabajadores que adhieran al paro docente.

La advertencia no pareció amedrentar a la mayoría de los más de 300.000 docentes que trabajan en la provincia de Buenos Aires, donde el paro convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) registró un alto nivel de adhesión.

“El paro tiene un altísimo acatamiento en todo el país y también en la provincia”, dijo María Laura Torre, secretaria general adjunta del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Buenos Aires (Suteba).

La afirmación fue respaldada por una recorrida realizada por LA NACION en diez escuelas primarias y secundarias de gestión pública de La Plata. La medida de fuerza también se hizo sentir en establecimientos de educación especial. En cambio, el nivel de adhesión fue menor en las escuelas de gestión privada.

El acatamiento fue total en la Escuela Primaria N°67 Enrique Galli y en la Escuela Secundaria N°57 de esta capital, tanto entre docentes como entre auxiliares.

La adhesión también superó el 90% en la Escuela N° 92 América, de Gorina, y en la Escuela N° 47 de City Bell, donde apenas se presentaron los directivos.

Rechazo a los controles

Esta cartera informó hoy a los equipos de conducción de las escuelas que no entregaran información a los inspectores nacionales, al considerar que no corresponde a la Nación fiscalizar establecimientos educativos provinciales.

“El artículo 6 de la Constitución Nacional prohíbe que un organismo administrativo nacional ejerza facultades de fiscalización o sanción sobre materias reservadas a las provincias sin el proceso político-parlamentario correspondiente. La solicitud de informes por parte de una secretaría nacional sobre personal provincial constituye un avance ilegítimo sobre la autonomía local. En este sentido, las dependencias a su cargo y las autoridades de los establecimientos educativos deberán, ante cualquier requerimiento de informes de origen nacional, limitarse a señalar la falta de competencia de la Secretaría Nacional”, indica la nota enviada a las escuelas.



Fuentes de la Dirección General de Cultura y Educación no respondieron si finalmente se presentaron inspectores nacionales en alguna escuela bonaerense. Tampoco lo hicieron los voceros del Ministerio de Capital Humano ni de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Desde esos organismos señalaron que comunicarán información cuando concluya el relevamiento de las inspecciones.

La secretaria gremial de Suteba también consideró que los controles son “inconstitucionales”. Torre sostuvo que a través de las redes sociales “se intentó amedrentar a los docentes” y remarcó que la Nación “no tiene injerencia en las provincias; no puede hacerlo”.

“Gobiernos anteriores, como el de [Mauricio] Macri, intentaron establecer la esencialidad de la educación, pero la Justicia determinó que no corresponde. Incluso la OIT se expresó en ese sentido”, sostuvo. Además, agregó que desde la Ctera están “haciendo todas las denuncias ante los organismos internacionales de educación”.