El fiscal Gerardo Pollicita impulsó formalmente la investigación contra Claudio “Chiqui” Tapia por presunto enriquecimiento ilícito: le pidió al juez Ariel Lijo que ponga en marcha una amplia batería de medidas de prueba que incluye levantar el secreto fiscal y bancario del presidente de la AFA.

Son una veintena de puntos orientados a reconstruir el patrimonio de Tapia, que registra una larga trayectoria como funcionario de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse), organismo que actualmente preside en representación de la provincia de Buenos Aires.



Ese cargo, y no la presidencia de la AFA, habilita que pueda ser investigado bajo la figura de enriquecimiento ilícito, un delito que solo pueden cometer funcionarios públicos.

El caso se originó en abril con una denuncia del empresario Guillermo Tofoni en la Justicia porteña, que se declaró incompetente y remitió el expediente a Comodoro Py.

Esta semana, la Cámara Federal cerró una disputa por la competencia y confirmó que debe intervenir el juzgado de Lijo.

En su escrito de este viernes, Pollicita pidió al juez que requiera a ARCA las declaraciones juradas de Ganancias y Bienes Personales de Tapia, y a los distintos registros de la propiedad, que detallen qué bienes tiene a su nombre.

A la Unidad de Información Financiera (UIF), que reporte si existen operaciones sospechosas ligadas al número uno de la AFA; al Banco Central (BCRA), que identifique cuentas, plazos fijos, préstamos o tarjetas; y a la Comisión Nacional de Valores (CNV) y a distintos exchanges de criptomonedas, si tuvo cuentas o billeteras virtuales, entre otras muchas medidas.

El pedido del fiscal Pollicita agrava la situación judicial de Tapia, que tiene al menos tres frentes abiertos: uno impositivo, en el fuero Penal Económico, donde está procesado; otro, por presunto lavado de dinero, en la Justicia de Campana, y ahora este, puramente patrimonial.



Entre otras medidas, el fiscal solicitó también que se requiera, mediante exhorto internacional a la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), con sede en Asunción, Paraguay, que remita copias del legajo personal de Tapia y que informe los cargos que ejerció, junto con los ingresos percibidos, las cuentas bancarias en las que se acreditaron los fondos y copias de sus declaraciones juradas si las tuviere, entre otra información.

Además, Pollicita pidió que se requieran a la Ciudad y a la provincia de Buenos Aires todas las declaraciones juradas patrimoniales presentadas por Tapia durante su paso por el organismo, que tiene a su cargo la gestión de los residuos generados en el Área Metropolitana de Buenos Aires. A la empresa, en tanto, le pidió su legajo personal.

La denuncia de Tofoni le adjudica a Tapia haberse enriquecido de forma ilícita entre 2016 y 2025, como vicepresidente de la Ceamse en representación de la ciudad de Buenos Aires -hasta 2024- y como presidente en representación de la provincia de Buenos Aires, a partir de enero de 2025.

Tofoni registra varios avances contra Tapia en los tribunales. Es dueño de World Eleven, una firma que trabajó durante años con la AFA en la comercialización y organización de amistosos, pero tras el mundial de Qatar y la aparición de la empresa TourProdEnter, vinculada a Javier Faroni, el vínculo se quebró.